El título de esta columna parece obvio, pero resulta que para nuestro presidente no lo es. Y es que José Raúl Mulino dijo algo inaudito sobre la violencia en Panamá: que la guerra entre pandillas, los asesinatos y los ajustes de cuentas “no son un tema del gobierno”. Así como lo oyen.
No sé si fue un lapsus o una confesión. Porque lo que se está normalizando en Panamá no es solo el aumento de la criminalidad. También es la idea de que las autoridades son incapaces de proteger a los ciudadanos.
Según el mandatario, la violencia es un problema de “la maleantería que maneja el narcotráfico” y es “muy difícil, si no imposible”, controlar el comportamiento de las pandillas. Claro que el gobierno no decide lo que hacen las pandillas. Pero sí decide la estrategia —o la ausencia de ella— frente a una ola de violencia donde también están muriendo inocentes. Presidente, eso no sonó a explicación. Sonó a resignación.
Marzo ya había sido el mes más violento del año con 53 homicidios. Abril lo superó con 62 asesinatos, casi el doble que el mismo mes del año pasado. En apenas cuatro meses, Panamá acumuló 193 homicidios. Más del 90% de los homicidios ocurrió en Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste. Es decir: el gobierno sabe perfectamente dónde se mata, dónde operan las pandillas y dónde se está perdiendo el control.
También sabe quiénes están muriendo. Más de la mitad de las víctimas tiene entre 18 y 29 años. Si Panamá enfrentara una epidemia que estuviera matando principalmente a personas jóvenes, nadie aceptaría escuchar al presidente decir que “no es un tema del gobierno”. Mucho menos cuando las propias autoridades reconocen que en San Miguelito hay pandillas reclutando niños desde los 9 años.
Un niño de esa edad no entra a una pandilla por una disputa de carteles. Entra porque alguien ocupó primero el espacio que el Estado dejó vacío. Por eso la violencia no empieza cuando aparece un cadáver. Comienza mucho antes: con la deserción escolar, la falta de oportunidades y la ausencia de políticas de prevención.
Tampoco es cierto que la violencia se queda encerrada en las guerras entre pandillas, que con tanta frecuencia describe Mulino. Ya sabemos que en Panamá la gente también muere “saliendo de la misa”. Esta semana asesinaron a una fiscal en un caso investigado como femicidio. El crimen contra Patricia Ossa se suma a las crecientes cifras de asesinatos contra mujeres en el país. También mataron a un representante en Chiriquí. Cada semana la realidad desmiente la cómoda narrativa de que los pandilleros solo se matan “entre ellos”.
En 2018, cuando Mulino era un “opinólogo” más, tenía mucho más clara la gravedad del problema. “El país alarmado ante el aumento de inseguridad”, escribió entonces en X, denunciando la “fallida estrategia oficial”. Hoy, desde el poder, arremete contra quienes cuestionan la ausencia de una política integral de seguridad frente a la ola de violencia.
La percepción es que la urgencia de las autoridades no está en proteger a la ciudadanía, sino en concretar compras, contrataciones, créditos extraordinarios y procesos por “urgencia” para los proveedores favoritos. Helicópteros, aviones, horas de vuelo, botas y raciones de alimentos adjudicadas a empresas tan cercanas al poder que obligan a preguntarse cuál es la verdadera prioridad en materia de seguridad.
Para favorecer a los mismos de siempre, el gobierno corre. Para prevenir que niños terminen en pandillas y comunidades enteras sigan atrapadas por la violencia, el gobierno se resigna.
Les confieso algo: extraño al Mulino “opinólogo”. Por lo menos aquel entendía que una epidemia de violencia sí era un asunto del gobierno. Y uno de máxima urgencia.
