La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso de casación para 10 personas, entre exfuncionarios del Segundo Tribunal de Justicia y particulares, condenadas a 6 y 4 años de prisión por su participación en una red de corrupción que recibía dinero a cambio de otorgar medidas cautelares e influir en jurados de conciencia.
Con la ponencia de la magistrada Ariadne García y el voto de sus homólogas María Eugenia López y Maribel Cornejo, la Sala Penal decidió no admitir el recurso de casación, dejando en firme las condenas impuestas por el liquidado Juzgado Segundo Liquidador Adjunto.
El fallo de primera instancia sancionó a los implicados tras comprobarse que funcionarios del Tribunal contactaban a los jurados para influir en sus veredictos en juicios por homicidio. Algunos funcionarios también adelantaron fechas de juicio, concedieron medidas distintas a la detención preventiva y tramitaron fianzas de excarcelación.
La investigación comenzó en 2015, cuando el entonces presidente de la Corte, José Ayú Prado, denunció presuntos cobros de coimas en los juzgados penales del Segundo Tribunal Superior Penal y la Oficina de Descongestión Judicial para liberar a personas vinculadas a procesos penales e influir en jurados.
La Sala Penal de la CSJ autorizó intervenciones telefónicas solicitadas por el Ministerio Público, que permitieron recabar pruebas de las actividades ilícitas. También se descubrió que un funcionario cobraba dinero a abogados para adelantar o retrasar fechas de juicios según sus necesidades.
El escándalo llevó al Segundo Tribunal a implementar mayores controles en el sistema de tramitación de casos del sistema inquisitivo.
