Una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que la desaparición de Alcibiades Bethancourt, ocurrida en febrero de 1971, quedará impune. Bethancourt fue visto por última vez cuando agentes de la Guardia Nacional en Chame lo subían a un helicóptero.
Este caso se suma a numerosas desapariciones durante la dictadura militar (1968-1989) que han permanecido sin llevar a los responsables ante la justicia por años.
Bajo la dirección de la magistrada Maribel Cornejo Batista y con el respaldo de las magistradas Ariadne García y María Eugenia López, la Sala Penal rechazó un recurso presentado por la fiscal superior de descarga, Geomara Guerra, para reabrir las investigaciones sobre la desaparición de Bethancourt.
La fiscal Guerra basó su apelación en que se trató de una desaparición forzada llevada a cabo por agentes del Estado, con violaciones a derechos fundamentales como la falta de información a la familia, la negación de recursos legales y la violación de garantías procesales.
La fiscal argumenta que la desaparición forzada es un delito continuo que impide a la víctima ser ubicada y a sus familiares obtener justicia. Sostiene que estos casos no están sujetos a prescripción al tratarse de delitos continuados donde el paradero de la víctima sigue siendo desconocido.
Guerra también destaca que, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por Panamá mediante la Ley No 27 de 30 de marzo de 2011, los familiares tienen derecho a conocer la verdad sobre las desapariciones, la evolución de las investigaciones y el destino de las víctimas.
El caso de Bethancourt inició con la denuncia presentada por su madre, Dominga Aparicio de Bethancourt (q.e.p.d.), el 30 de enero de 1990. Según el relato, el día de la desaparición, un grupo de agentes del G-2 allanó la casa en busca de Alcibiades, a pesar de que él estaba en Chame dedicándose a la pesca. Fue localizado por militares en la playa La Angostura y trasladado al Cuartel Central de la Guardia Nacional en El Chorrillo, donde fue visto por última vez, bajo la sospecha de participar en actividades políticas “clandestinas”.
El Ministerio Público vinculó, a través de sus pesquisas, al subteniente Rubén Darío Mascuñana, al exgeneral Manuel Antonio Noriega (q.e.p.d), al excoronel Nivaldo Madriñán Aponte (q.e.p.d.) y a Melbourne Walker y Miguel Angel Quirós.
Los familiares de Bethancourt acudieron en reiteradas ocasiones al Cuartel Central para obtener información de su paradero, pero nunca fueron atendidos.
