La Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró la legalidad de la resolución expedida el 27 de junio de 2024, por la cual el entonces procurador general de la Nación, Javier Caraballo, ordenó la destitución de la fiscal Zuleyka Moore.
En junio de 2024, Caraballo ordenó las destituciones de Moore y del también fiscal Adecio Mojica, aduciendo que no eran funcionarios de carrera y −por ende− eran de libre nombramiento y remoción.
A través del edicto No. 3,128, colgado en la tarde de ayer jueves en el tablero de la secretaría de ese despacho judicial, se informa a las partes de la decisión asumida por los magistrados María Cristina Chen Stanziola (ponente), Carlos Vásquez y Cecilio Cedalise, en donde se establece que no es ilegal la resolución 1640 expedida por Caraballo.
Moore y Mojica fueron destituidos por Caraballo en junio de 2024, lo que originó una serie de críticas por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que alegaban podría tratarse de un pase de factura por haber manejado casos relacionados con figuras del nuevo gobierno.
Ambos formaron parte del equipo que investigó las coimas entregadas por la empresa brasileña Odebrecht en Panamá; el juicio por este caso debe iniciar el 12 de enero de 2026.
A Moore también le tocó instruir el expediente por presunto peculado en la compra de nueve radares a la empresa italiana Selex, filial del grupo Finmeccanica, en la que se vinculó al exministro de Seguridad Pública y actual presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino.
Antes de su destitución ambos fiscales ya habían sido apartados de la primera línea. Cuando Caraballo asumió como procurador encargado en marzo de 2021, hizo varios movimientos y rotaciones entre los fiscales; incluso los mandó de vacaciones. En aquella ocasión Mojica fue enviado a la Fiscalía de Atención Primaria de Chiriquí, mientras que Moore estaba en la Fiscalía Regional de Bocas del Toro.
Caraballo también señaló que a Moore se le cuestionó por ordenar el secuestro de una finca de un empresario no relacionado con el caso Odebrecht, situación por la cual se condenó al Ministerio Público al pago de $50 mil por daños materiales.
Mojica también demandó la nulidad de la resolución que ordenó su destitución, pero la sala no ha resuelto este recurso.
