La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales los ascensos dados a cuatro oficiales del Servicio de Protección Institucional (SPI) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) realizados entre los años 2018 y 2019, a los rangos de subcomisionado y tenientes.
Entre ellos figuran los otorgados al subcomisionado Moisés Ayala del SPI y a los tenientes Nicanor Morales, Luis Carlos Vergara y José Salas del Senan.
Bajo la ponencia de la magistrados María Cristina Chen y Cecilio Cedalise, la Sala Tercera decidió acoger las demandas de nulidad presentadas por el exministro de seguridad, Rolando Mirones, quien al momento de asumir el cargo encontró irregularidades en una serie de ascensos a oficiales de la policía, el Senan, el SPI y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
En el caso de Ayala, se declaró ilegal la resolución No 40-A de 13 de febrero de 2019, por el cual se le ascendió al rango de subcomisionado, en tanto que en los casos de Morales, Vergara y Salas las resoluciones que los ascendieron al rango de teniente fueron expedidas en el año 2018.
A la fecha, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha revocado 17 ascensos que fueron otorgados de manera irregular y que no cumplieron con los requisitos para ascender de rango.
En diciembre de 2014 la Sala Tercera de la Corte hizo uno de sus primeros pronunciamientos en cuanto a una serie de demandas presentadas por el exministro de Seguridad, Rolando Mirones, contra una serie de ascensos otorgados dentro de la policía durante la administración del expresidente Varela (2014-2019).
En diciembre de 2019, seis meses después de la toma de posesión del presidente Laurentino Cortizo, Rolando Mirones, presentó al menos las primeras 14 demandas contra los ascensos.
En ese momento, Mirones alegó que se había promovido a personas que no eran uniformados y que no habían pasado por la Academia de la Policía Nacional.
En las revisiones hechas a los ascensos se detectó que hay casos muy puntuales en que también se produjo el reintegro de funcionarios que tenían hasta 20 años fuera de la institución, quienes fueron reinsertados con el mismo rango y luego se les dieron ascensos.
El Ministerio de Seguridad presentó cerca de 200 demandas ante la Sala Tercera Contenciosa Administrativa de la Corte por ascensos supuestamente dados sin méritos.
Por estos casos la Fiscalía de Cuentas también abrió una investigación ante una posible lesión patrimonial ocasionada al Estado.
La fiscalía en abril del 2022 remitió una nota a la Contraloría General de la República en la que solicitó la realización de un auditoría, tras enumerar una serie de irregularidades en los ascensos realizados a favor de oficiales de la Policía Nacional, luego que se dieran los primeros fallos de la Sala Tercera de la Corte.
