El juez de garantías Fermín Bonilla imputó cargos por el delito de peculado y blanqueo de capitales a los dirigentes sindicales de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi) Genaro López y Marco Andrade, durante una audiencia celebrada este sábado 27 de junio.
En la audiencia, que se inició a las 8:30 a.m., Bonilla legalizó la aprehensión y acogió la imputación presentada por el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez, quien acusó a López y Andrade de haber manejado de manera irregular los fondos entregados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para la formación de los trabajadores en materia laboral.
En el caso de López se le imputaron cargos por el delito de peculado doloso agravado, mientras que a Andrade se le imputaron los delitos de peculado por extensión y blanqueo de capitales.
Con respecto a las medidas cautelares, el juez le aplicó la medida cautelar de reporte periódico, dos veces a la semana, a López. Mientras, para Andrade dispuso la medida de arresto domiciliario.
La Fiscalía apeló las medidas ordenadas por el juez y la audiencia de apelación será el próximo 14 de julio.
López fue secretario general de Conusi de 2016 a 2020. Andrade lo reemplazó en el cargo, que ejerció de 2021 a 2025.
Durante la audiencia, el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez sostuvo que entre 2019 y 2025, período en que ambos se desempeñaron como secretarios generales de Conusi, se produjeron graves irregularidades en el manejo de los fondos asignados a esa organización para la formación laboral.
Según la Fiscalía, una auditoría de la Contraloría General de la República arrojó una lesión patrimonial de $760,951 en el manejo de los fondos entregados por el Mitradel a Conusi.
El fiscal Rodríguez detalló que entre las irregularidades detectadas por la auditoría figuraban la ausencia de documentos que sustentaran el pago de viáticos, la falta de copias de los diplomas entregados a los participantes de los seminarios y deficiencias en la justificación de fondos destinados a la alimentación de los trabajadores.
En su intervención, el fiscal alegó que en los listados de supuestos beneficiarios de los programas de formación laboral aparecían personas fallecidas, menores de edad y números de cédula que no correspondían a quienes supuestamente recibieron los cursos.
También explicó que tanto López como Andrade eran los responsables de presentar al Mitradel los informes sobre el uso de esos recursos.
Ambos fueron aprehendidos el pasado jueves, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el presunto uso irregular de fondos transferidos por el Mitradel para programas de capacitación organizados por Conusi.
Poco antes del mediodía, el juez declaró un receso para continuar posteriormente con la audiencia.
Hablan los defensores
Por su parte, los abogados defensores Miguel Ángel Rodríguez y Javier Quintero sostuvieron que la hipótesis presentada por la Fiscalía es errónea, ya que ni López ni Andrade son funcionarios públicos y, por tanto, no tenían a su cargo la custodia ni el manejo de fondos públicos.
La Prensa observó que, desde muy temprano, López llegó esposado y escoltado a las oficinas del Primer Distrito Judicial.
Quintero planteó que, en esta causa relacionada con los fondos asignados por el Mitradel para capacitación laboral, la Fiscalía sostiene que Conusi solicitó recursos para ejecutar jornadas de formación, cuando en realidad —afirmó— se trató de un reembolso, ya que la organización realizó las jornadas con recursos propios y posteriormente presentó al ministerio la relación de gastos correspondientes a viáticos, desayunos y transporte.
Quintero aseguró que esos gastos fueron debidamente sustentados, revisados y auditados, por lo que consideró poco probable que existiera alguna irregularidad.
