Dos empresas se disputan el contrato para prestar el servicio de seguridad privada en las distintas instalaciones del Órgano Judicial, por un monto estimado de $5.8 millones.
De acuerdo con información disponible en Panamá Compra, el contrato tendrá vigencia durante 24 meses, y en la puja están el consorcio Vigilancia Especial Urraca, integrado por las empresas Vigilancia Especial S.A. y Agencia de Seguridad Urraca S.A., que propuso un precio de $5.1 millones; y la compañía Seguridad Permanente y Protección S.A. (Seprosa), que ofertó el servicio en $5.7 millones.
La comisión evaluadora recomendó otorgar el contrato al consorcio Vigilancia Especial Urraca, que propuso el menor precio, pero la empresa rival mandó una carta a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, en la que se opuso a dicha recomendación y alegó que el otro grupo incumplió requisitos establecidos en el pliego de cargos.
Seprosa también pidió en la carta que se anulara el informe de la comisión y que se verificara nuevamente la propuesta que presentó.
A raíz de esto, la magistrada López emitió el pasado 24 de mayo una resolución administrativa, en la que anuló “totalmente” el informe de la comisión verificadora y ordenó un nuevo análisis de las propuestas.
