El juez de extinción de dominio de Guatemala, Marco Villeda, desmintió este viernes 20 de mayo al Ministerio Público (MP) de Panamá, al confirmar que el avión del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue liberado por falta de colaboración de Panamá en las investigaciones, en aquel momento.
“Nunca llegamos a la discusión de si el avión era de origen ilícito o no, que era lo que se buscaba determinar. Esa discusión nunca se tuvo. Se levantó el embargo porque Panamá no colaboró”, declaró el juez.
Las declaraciones de Villeda, quien firmó la suspensión del embargo que pesaba sobre el avión desde el 26 de febrero de 2021, se dan luego de que el MP afirmara, mediante comunicado difundido el 13 de mayo pasado, que había entregado la información completa el 9 de mayo de 2022, en la embajada de Guatemala en Panamá. El avión fue liberado cuatro días antes, el 5 de mayo.
“Si hubiéramos sabido que la información iba a llegar hubiéramos esperado, pero no sabíamos que la habían enviado ni sabíamos si la iban a enviar”.
“Pese al momento tecnológico que vivimos y, a diferencia de lo que sucede en otros casos, no hubo intercambio de correos, llamadas, videoconferencias ni chats por parte de las autoridades panameñas”, agregó el juez.
Autoridades se contradicen
Según el MP, la solicitud de asistencia jurídica de Guatemala se acogió el 21 de diciembre de 2021, con el fin de recabar información judicial, registral y de identidad personal y bancaria de la aeronave. El 30 de diciembre, de acuerdo al MP, se pidieron datos adicionales a Guatemala; el 24 de enero de 2022 se transmitió la carta y el 17 de febrero, se reiteró el contenido. Aún sin respuesta, el MP asegura haber remitido la información completa el 12 de abril.
Por su parte, el juez Villeda asegura que la información se solicitó a Panamá el 28 de septiembre de 2021 (no en diciembre, como asegura el MP) y que, en audiencia sostenida con el fiscal del caso, Diego Antonio Álvarez, el 5 de mayo de 2022, éste le pidió el levantamiento de la medida cautelar, porque “no había recibido ninguna información por parte de Panamá”.
“Básicamente, lo que contestaron el 30 de diciembre era que no podían ayudar, que el caso Odebrecht era muy grande y necesitaban saber la línea específica de investigación a la cual se hacía referencia. Que por las convenciones internacionales, Panamá se veía imposibilitada de dar información y que, en el caso de las transacciones panameñas, necesitaban más información, pero sin especificarla”, sostuvo.
El juez detalló que “el fiscal también hizo uso de los mecanismos que permite el Grupo Edmond, organización en la que están involucradas todas las entidades financieras, a ver si podía obtener la información. Trató de hacerlo en reiteradas ocasiones, inclusive a través de la Unidad de Inteligencia Financiero de Guatemala, para que pidiera la información a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, pero en ningún caso obtuvo colaboración”.
Ante la imposibilidad de determinar el origen del avión, el fiscal solicitó su liberación. “Sin la colaboración de Panamá, era imposible hacer una investigación objetiva. Al final, si las transacciones se hicieron en Panamá, el avión se compró allá, las empresas mediante las cuales se adquirió el avión eran panameñas, el avión tenía bandera panameña y los involucrados eran panameños, que Panamá asuma el caso. Guatemala lo podía hacer, pero lógicamente con información. La que no obtuvimos”, concluyó.
El avión de Martinelli fue secuestrado por la Fiscalía de Narcoactividad en febrero de 2021, en el Aeropuerto Internacional de La Aurora, a solicitud de Estados Unidos. Villeda señala que la investigación surgió de una denuncia anónima, “pero no se embargó el avión a la ligera ni solo con base en esa denuncia. Se investigó a quién le pertenecía el avión, y se descubrió que la empresa dueña, Red Wings, tenía como presidente y representante a Luis Enrique Martinelli Linares y que el crédito lo pagaba Ricamar, donde los accionistas eran Martinelli y la esposa, Marta Linares”.
De hecho, el secuestro se dio cuando Marta Linares y su nuera Marelisa Garuz, esposa de Luis Enrique, aterrizaban para visitar, en la base militar Mariscal Zavala, a Luis y Ricardo Martinelli Linares, confesos de haber blanqueado coimas de Odebrecht, y quienes luego fueron extraditados a Estados Unidos, donde ayer finalmente fueron sentenciados.
Se intentó obtener una versión del procurador Javier Caraballo, pero no respondió.
