La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó, este 6 de julio de 2020, que la justicia panameña ponga en peligro la operatividad de Corporación La Prensa de Panamá, que edita los diarios La Prensa y Mi Diario, al permitir la apropiación de sus bienes a causa de una demanda civil presenta por el exmandatario Ernesto Pérez Balladades, que reclama 5.5 millones de dólares en indemización por daño moral.
En un comunicado, la SIP señala que ya había advertido sobre la laxitud de la justicia en Panamá, cuya legislación permite que un demandante reclame el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, aún sin que haya sentencia y echando intencionalmente mano de pretensiones desorbitadas.
El expresidente Pérez Balladares (1994-1999) demandó por difamación a La Prensa tras considerar que fue injuriado y desprestigiado en artículos publicados en marzo de 2011 que lo habrían vinculado al blanqueo de capitales. La demanda civil, presentada en 2012, pide una compensación por 5.5 millones de dólares por presuntos daños y perjuicios, con el evidente cálculo de tener un efecto ruinoso en perjuicio del demandado, agrega.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, dijo que el embargo de activos y las cuentas de diarios “representan un duro golpe a la libertad de prensa”, calificando la medida judicial de “herramienta de censura directa”.
El comunicado de la SIP recuerda que esta asociación dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas, ha influido en numerosos países para que las demandas contra los medios y periodistas planteadas por personas públicas en busca de resarcir su honor no sean del orden penal, sino civil; que debe haber una proporcionalidad en las demandas civiles, y son los jueces los encargados de establecer ese balance.
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, añadió que “no es posible que una empresa que haya investigado y publicado información de relevancia para los panameños tenga que afrontar gastos millonarios que harían inviable su existencia”.
Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, defendió al diario La Prensa por su trabajo investigativo y de fiscalización, “una forma de hacer periodismo que ahora lo hace encarar la condición lamentable de ser uno de los medios de América Latina con más acciones judiciales en su contra”.
Recordó que el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) también ha demandado al diario en 11 ocasiones por un total de $45 millones de dólares, igualmente en días pasados amenazó con pedir el secuestro de la administración del diario, medida similar a la de Pérez Balladares.
En total, Corprensa enfrenta 12 demandas civiles y 22 querellas penales por un total de 84 millones de dólares.
La mayoría de estas demandas provienen de expresidentes, exfuncionarios, ex contratistas del Estado y otras figuras públicas.
“Esto es el doble de lo que el expresidente Rafael Correa de Ecuador demandó al diario El Universo, lo que en su momento generó un debate en todo el continente sobre agresiones judiciales contra los medios y la libertad de prensa”, dijo Rock, director del portal de noticias La Silla Rota de Ciudad de México, México.
Barnes y Rock reclamaron que los diputados panameños trabajen en leyes para neutralizar este tipo de medidas que pueden aplicar los jueces, y así respalden la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo.
Secuestro de La Prensa afecta la ciudadanía y la democracia
Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, emitió un comunicado a la ciudadanía, en el cual señala que
La medida cautelar de secuestro civil de las cuentas bancarias de un medio de comunicación- hoy del diario La Prensa- mañana cualquier otro medio- que impida su operación, es una afectación a la libertad de información y opinión y puede ser una acción de hostigamiento judicial, si el judicial así lo permite.
Explicó que el hostigamiento judicial es una de las estrategias más usadas para silenciar e intimidar no solo a la libre prensa, sino también a los defensores de derechos humanos.
Cualquiera es libre de reclamar sus derechos ante los operadores de justicia. Estos operadores deben evitar que se abuse del derecho y, con medidas cautelares desproporcionadas, provocar el hostigamiento. Este hostigamiento, que puede llegar a ser terror judicial, puede incluir como hemos estado viendo en Panamá, acusaciones criminales, cuantiosas demandas civiles o procesos administrativos, añade.
La Fundación señala que esta forma de intimidación dirigida contra los propios operadores del sistema de justicia: jueces, fiscales y administrativos. El objetivo del hostigamiento judicial es claro: distrae tiempo, energía y recursos de la labor del demandado, y cuando se trata de un medio de comunicación, es aun más claro: silenciarlo y arrodillarlo.
Agrega que el secuestro de La Prensa afecta a todos, porque la libertad de información y opinión es una de las libertades fundamentales del ser humano, y una de sus principales vías es la libre prensa, hoy digital además de radial, impresa y televisiva.
Es un derecho colectivo esencial a la democracia, porque sin la libertad de expresión y de prensa, no podemos difundir ni defender el resto de los derechos ni acceder a la información pública, que es también un derecho.
En estos tiempos de pandemia, bajo un estado de excepción, la función de los medios de comunicación es vital: ya hemos visto cómo la diligencia y control social de los medios, junto a organizaciones y ciudadanos, es lo único que ha impedido algunos de los usos discrecionales de los fondos que deben usarse para aliviar la crisis de salud, económica y social y que podrían haber sido desviados por la corrupción.
El comunicado dice también que se necesita “una justicia objetiva que no tenemos ni percibimos tener. El abuso del sistema judicial por un expresidente [Pérez Balladares] que busca detener la operación de un medio pone a toda la ciudadanía en alerta. Su interés es que La Prensa no publique hechos como los publicados y en este contexto, las medidas de aseguramiento económico no son adecuadas”.
El Instituto Prensa y Sociedad, organización civil con sede en Lima, Perú, que promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la información pública en América Latina, publicó en su sitio digital la información sobre el secuestro de activos de de Corprensa y dio su apoyo al conglomerado panameño.
