Los magistrados que conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia continuaron ayer sábado, por segundo día consecutivo, debatiendo en sesión permanente la inconstitucionalidad o no de la Ley 406 de 2023, que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para la explotación de una mina de cobre en los distritos de Donoso y Omar Torrijos en la provincia de Colón.
La sesión de ayer estaba prevista para las 9:00 a.m., pero inició a las 11:18 a.m., con el análisis de una de las demandas.
Las demandas objeto de análisis, dos de un total de 10, son las presentadas por los abogados Juan Ramón Sevillano y Martita Cornejo Robles, que pretenden que se declare inconstitucional la totalidad de la Ley 406.
Desde el pasado 13 de noviembre se recibieron 89 argumentos en la primera demanda admitida, que fue la de Sevillano, y 37 en la segunda demanda (la de Cornejo). La magistrada ponente es la propia presidenta de la Corte, María Eugenia López, pero como se trata de un pleno en sesión permanente, la participación es colectiva y los intercambios de opiniones entre los nueve magistrados se dan al mismo tiempo.
Cornejo, que ha hecho parte de la vigilia en la Corte, aseguró que uno de los puntos más importantes que el pleno de la Corte debe abordar para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 406 es el hecho de que Estados extranjeros tengan posesión de parte del territorio nacional y puedan explotar los recursos naturales, prohibición que se encuentra en el artículo 290 de la Constitución.
También expresó que otro aspecto que la Corte debe analizar es el hecho que para la celebración del contrato con el Estado panameño no se convocó a una licitación pública.
Además que se le dio una connotación de orden público e interés social de la cual no goza, por lo que viola varias disposiciones constitucionales que deben ser revisadas por la Corte.
También recalcó que se debe analizar una serie de fueros y privilegios que el contrato le otorga a Minera Panamá.
Ayer sábado, la jornada de protesta en las inmediaciones del Palacio de Justicia Gil Ponce, en Ancón, no estuvo tan concurrida como la del pasado viernes.
Sin embargo, en la tarde, un nutrido grupo de educadores, miembros de la Asociación de Profesores de Panamá, llegó en marcha hasta la Corte para realizar un mitin que se extendió por varias horas.
También residentes de la comarca Naso Tjër Di, de Bocas del Toro, presentaron algunas danzas autóctonas, como hicieron el viernes pasado los emberá-wounaan, de Darién. El grupo de bocatoreños se tomó la calle para ejecutar un baile tradicional que se prolongó por 15 minutos.
También organizaciones de la sociedad civil, como Sal de las Redes, Panamá Verde y Oeste sin Minería, se mantuvieron en vigilia al ritmo de tamboritos, bullerengue y prédicas ambientales y religiosas.
La Corte ha dicho a través de sus voceros que, una vez tengan una decisión, informarán a los medios de comunicación presentes en los alrededores del Palacio Gil Ponce.
En la capital, los bloqueos se redujeron considerablemente mientras miles de personas aprovechaban las ofertas del Black Friday de los centros comerciales, para salir y hacer sus compras. Pero en Chiriquí y Bocas del Toro, persiste el desabastecimiento de alimentos y de materia prima como combustible, gas y medicamentos.
El Gobierno ha buscado solucionar el problema importando gasolina y diésel desde Costa Rica y contratando los servicios de la aerolínea colombiana Aerosucre, para el traslado de insumos médicos y algunos alimentos perecederos, a fin de paliar la escasez de estos productos.
