Un total de siete personas, entre ellas miembros de la Policía Nacional, fueron imputadas por la jueza de garantías Sheryl Toulier por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y corrupción, como parte de una estructura criminal que tramitaba permisos fraudulentos para la tenencia de armas a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp).
En una audiencia que se inició el pasado jueves y continuó este viernes, la jueza Toulier acogió la formulación de cargos contra los imputados, al considerar que el Ministerio Público aportó elementos que evidencian la tramitación fraudulenta de permisos para la tenencia de armas de fuego.
Durante el desarrollo de la audiencia, la jueza ordenó la detención provisional del miembro de la Policía Nacional Jorge Luis Gómez y de Anel Morales, exfuncionario de la Diasp.
Mientras que aplicó la medida cautelar de notificación periódica a los también miembros de la Policía Nacional Francisco Mendoza y Diego Martínez, así como a Ricardo Collado, Miguel Graciani y al funcionario de la Diasp Elías Pinto.
Durante los dos días de audiencia, la fiscal Digna Castillo alegó que funcionarios de la Diasp, miembros de la Policía Nacional y policías retirados acordaron alterar documentos que eran aportados como parte de las solicitudes para obtener permisos de tenencia de armas de fuego.
La fiscal Castillo relató que durante la investigación se comprobó que los tramitantes de los permisos lograban obtener de manera fraudulenta pruebas antidopaje con resultado negativo. Este es uno de los requisitos establecidos por la Diasp para obtener un permiso de tenencia de armas de fuego.
Castillo explicó que estos certificados antidopaje falsos eran incorporados a las solicitudes y, de esa manera, los solicitantes lograban sortear con éxito el requisito.
La funcionaria judicial aseguró que esta acción implica un grave riesgo para la comunidad, ya que podría haber una gran cantidad de personas bajo los efectos de drogas portando armas de fuego.
Castillo informó que su despacho adelanta una serie de diligencias para ubicar la totalidad de los permisos para portar armas que habrían sido otorgados de manera fraudulenta por parte de los investigados.
La investigación reveló que uno de los imputados recibió transferencias por $24 mil y que estos fondos presuntamente son producto de las transacciones fraudulentas.
Los involucrados fueron aprehendidos el pasado miércoles durante una operación realizada de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ministerio Público.
