La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que la libertad de expresión en Panamá está bajo presión por las demandas legales y los desafíos políticos y económicos que enfrentan los medios de comunicación.
En su más reciente informe sobre Panamá, la SIP señaló que la situación de la libertad de prensa en Panamá presenta un panorama de contrastes.
Se resalta que el principal problema son las demandas judiciales, tanto civiles como penales, contra periodistas y medios.
Asimismo, se indica que la legislación panameña en esta materia no ha sido reformada para impedir el secuestro de bienes de los medios, ya sean impresos y digitales, dentro de estos procesos.
Denuncia la SIP que el secuestro puede ordenarse al inicio del juicio, incluso antes de que se presenten pruebas, lo que pone en riesgo la viabilidad financiera de los medios o periodistas demandados.
La SIP recordó que el diario La Prensa enfrenta costos legales exorbitantes y múltiples procesos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La SIP también destaca que, en materia de calumnia e injuria, los procesos se tramitan como demandas civiles ordinarias, sin aplicar el principio de la “real malicia”. Se advierte que esto deja las decisiones al libre criterio de los jueces. “Por ejemplo, un tribunal revocó en segunda instancia un fallo favorable a Corprensa en un caso interpuesto por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien exigía $5 millones. El fallo inicial había aplicado el principio de “real malicia” para exonerar al medio. Este caso está pendiente ante la CSJ”.
La SIP también hizo referencia a una reciente investigación que publicó La Prensa titulada “Presidencia destina $7.1 millones para restaurar y ampliar la villa diplomática”,
De igual forma la SIP destaca una posterior publicación sobre la villa diplomática, con información recabada de las redes sociales de las hijas del presidente José Raúl Mulino, según la cual ellas habían inspeccionado el inmueble tiempo atrás en compañía de un arquitecto cuestionado.
“El presidente José Raúl Mulino calificó esa publicación de “morbo y mala fe (…) Eso es maldad, distintivo de ese medio”. Tras ello, La Prensa fue notificada de la cancelación de varios contratos publicitarios de instituciones estatales. Algunos funcionarios expresaron que la suspensión de la publicidad estatal obedecía a las publicaciones relacionadas con las hijas del presidente y el proyecto de restauración de la villa diplomática, añadiendo que no iban a pautar por orden de la Presidencia de la República”, se destaca en el informe de la SIP.
La SIP también resalta que varios medios han denunciado que la publicidad estatal se utiliza como mecanismo de presión.
Se hace referencia al Primer Informe sobre las Libertades de Expresión y de Prensa, impulsado por el Fórum de Periodistas, en el cual se refleja que la mayoría de los medios reciben presiones gubernamentales a través de la pauta.
La SIP también denuncia las acciones judiciales y presiones contra otros medios de comunicación.
El gremio periodístico internacional resalta por otra parte que “el acoso digital ha disminuido en general, aunque persisten campañas de desprestigio en redes sociales contra periodistas”.
