Ricardo Martinelli Berrocal no es el único condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business que ha evitado ir a prisión.
En total, nueve personas fueron declaradas culpable por su participación en el desvío de fondos públicos destinados a la compra de acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en diciembre de 2010, cuando Martinelli era presidente de la República.
Solo dos de los nueve condenados ha cumplido la pena de prisión, pese a que la sentencia de la juez penal Baloisa Marquínez está ejecutoriada desde el 4 de mayo de 2024. Algunos incluso han logrado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les reconozca una absolución mediante distintos recursos legales.
Los únicos dos que han ingresado a un penal son Iván Arrocha Chevalier y Daniel Ochy Diez. La Prensa conoció que ambos se encuentran en El Renacer.
A Janeth Vásquez, en tanto, se le reemplazó la pena de prisión por trabajo comunitario, ya que la misma era de 60 meses, el mínimo conmutable permitido por la ley.
A continuación, se detalla la lista de los nueve condenados en el caso New Business y la conducta que se les atribuye. Cinco fueron declarados culpables por la juez Marquínez en 2023; tres más por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en 2024, y uno, en un juicio individual, también por Marquínez en 2025.
Ricardo Martinelli Berrocal, presidente de la República 2009-2014.
Condena: 128 meses de prisión y multa de $19.2 millones, equivalente al doble del beneficio económico recibido.
Motivo: Dirigió y ejecutó actividades para encubrir dinero ilícito proveniente de fondos del Estado entre 2010 y 2014, con el fin de adquirir Epasa. También utilizó estos fondos para cancelar créditos de Henri Mizrachi en la Caja de Ahorros y cubrir la compra del 20% de las acciones de Epasa. Solicitó a varios colaboradores que aportaran dinero a la cuenta canasta a nombre de New Business Services Ltd., pero ninguno recibió acciones. Mizrachi era el accionista minoritario de Epasa y logró un acuerdo con la fiscalía, transfiriendo su participación accionaria al Estado. El 7 de marzo de 2024, tres días después de que quedara ejecutoriada la sentencia condenatoria de la juez Marquínez, Martinelli ingresó a la embajada de Nicaragua, a fin de evitar su ingreso a prisión. Finalmente, el 10 de mayo de 2025, se marchó a Colombia, como asilado político.
Janeth Ibeth Vásquez Sanjur, directora de cobros de Condotte Panamá & Asociados, contratista del proyecto de la ciudad deportiva en Colón y David.
Condena: 60 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo.
Motivo: Firmó un cheque por $600,000 con fondos provenientes de delitos contra la administración pública. Alegó desconocimiento y que actuaba bajo instrucciones de su jefe directo, Iván Arrocha. Con ese dinero se pagaron obligaciones crediticias de Henri Mizrachi en la Caja de Ahorros.
Iván Arturo Arrocha Chevalier, vicealcalde de la ciudad de Panamá (2004-2009) y titular del 49% de la cuota de participación en Condotte Panama & Asociados.
Condena: 70 meses de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio por el mismo periodo.
Motivo: Simuló un contrato de arrendamiento para dar apariencia legal a los fondos transferidos, permitiendo colocar fondos públicos en cuentas personales.
Daniel Miguel Ochy Diez, accionista y beneficiario de Transcaribe Trading (TCT), contratista del ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera.
Condena: 96 meses de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio por igual término.
Motivo: Utilizó intermediarios para transferir grandes sumas de dinero de origen ilícito desde TCT, facilitando la adquisición de Epasa y ocultando a Martinelli como beneficiario final. Entre noviembre y diciembre de 2010, TCT aportó $4 millones, relacionados con fondos públicos entregados a TCT y Excavaciones del Istmo, S.A., que tenían sobreprecios según auditorías de la Contraloría.
Valentín Martínez Vásquez, abogado de Martínez Acha y Asociados.
Condena inicial: 80 meses de prisión e inhabilitación para funciones públicas, posteriormente revocada por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Motivo: Realizó gestiones y contratos ficticios para encubrir y dar apariencia legal a fondos obtenidos ilícitamente. La absolución dictada por la Sala Penal se basó en “nuevas” evidencias presentadas por sus abogados, incluida una declaración notariada de Riccardo Francolini, dentro de un recurso de revisión de sentencia.
Dina Mar Ochy Diez, tesorera de TCT.
Condena: 80 meses de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio.
Motivo: Desvió parte de los pagos recibidos por contratos con el Estado hacia la cuenta canasta de New Business Services Ltd. Fue juzgada por separado porque cuando inició el juicio, en mayo de 2023, se encontraba prófuga. Su hermano David Ochy, extraditado en 2025, sigue detenido preventivamente.
Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, de Grupo Corcione.
Condena inicial: 60 meses de prisión cada uno; posteriormente absueltos por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Motivo: Desviaron $1.9 millones recibidos por la construcción del edificio de oficinas de la Asamblea Nacional hacia la cuenta canasta de New Business. Aunque inicialmente fueron absueltos, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la absolución, pero la Sala Penal volvió a absolverlos en 2025.
Gonzalo Germán Gómez Wong, representante legal de Excavaciones del Istmo, S.A.
Condena: 60 meses de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio.
Motivo: Absuelto por la juez Marquínez en 2023, luego condenado por el Tribunal Superior en 2024 y finalmente absuelto por la Sala Penal en 2025. Su empresa recibió $27.8 millones para rehabilitar caminos en Panamá Oeste, y $2 millones de ese monto se desviaron a la cuenta canasta de New Business. No recibió acciones de Epasa.
