La audiencia de imputación a 13 beneficiarios de los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) entre los años 2019-2022 fue suspendida para el próximo 11 de noviembre a las 8:30 a.m.
La juez de garantías Oris Medina abrió la sesión, pero solo con la finalidad de asignar una nueva fecha para la celebración de la audiencia de imputación.
La audiencia se suspendió a pesar de la presencia de los fiscales anticorrupción Azucena Aizpurúa y Argo Hyman y abogados defensores de dos de los indiciados. Al parecer la audiencia no había sido agendada por la Oficina Judicial y no se había asignado un juez que la atendiera ni una sala de audiencia para celebrarla.
El Ministerio Público (MP) había informado inicialmente que la audiencia debía iniciar a las 8:00 a.m. de ayer, pero a la llegada de los fiscales se encontraron con la sorpresa que no se tenía una sala, ni un juez para efectuarla.
Sin embargo, no fue hasta las 10:47 a.m., que se le solictó a la juez Medina, quien se encotraba en otra audiencia, atender la situación, pero solo para consignar una nueva fecha.
Jean Modelo compareció hoy a la audiencia de los auxilios económicos.
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Valentin Jaén, abogado de Felix Moulanier, aseguró que en este caso existe un alto grado de injerencia política que puede desviar el proceso.
Jaén alegó que en este caso su cliente culminó sus estudios de maestría en derecho energético, por lo que sí cumplió con el objetivo del auxilio que le fue asignado por parte del Ifarhu.
También recalcó que en la investigación del Ministerio Público existen muchas personas, aunque no dio nombres, que mantenían grandes ingresos económicos y que fueron beneficiadas con los auxilios por parte del Ifarhu.
Valentín Jaén abogado de Félix Moulanier niega los cargos.
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Otro de los indiciados que compareció a la audiencia fue Jean Modelo, quien estuvo acompañado de su abogada, aunque no dieron declaraciones a los miembros de la prensa que dan cobertura a la audiencia.
Ayer la fiscalía logró la imputación de cargos para cuatro estudiantes de la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Bugle, a quienes se les concedieron auxilios económicos, entre los años 2019-2022 por montos de hasta por montos de $25 mil para realizar estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y quienes no lograron sustentar los gastos realizados.
La fiscalía mantiene en lista otros 11 estudiantes a quienes pretende imputar la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Ifarhu.
En este caso se trata de personas que fueron beneficiadas con auxilios económicos, a pesar de mantener un alto nivel económico con el cual solventar los gastos de sus estudios.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción la lesión patrimonial en ese caso asciende a la suma de $24 millones, de acuerdo con una auditoría de la Contraloría General de la República.
Por este caso ya se le formularon cargos al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses. También a Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas, ambos exfuncionarios de esa entidad, por la presunta comisión del delito de peculado.
