La investigación seguida al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) quedó temporalmente suspendida, a la espera de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva una advertencia de inconstitucionalidad que presentó el fiscal del caso, el magistrado Oydén Ortega.
Ortega reclama la inconstitucionalidad del artículo 491ª del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 55 de 2012 (“Ley Blindaje”), que dicta los plazos de investigación a los diputados principales y suplentes.
Martinelli es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) desde el 1 de julio de 2014.
Según la norma actual, el magistrado fiscal tiene un plazo de dos meses para concluir la investigación, prorrogable por un mes adicional.
En la audiencia que hoy se celebró en la CSJ, Ortega –además de presentar la advertencia de inconstitucionalidad- solicitó más tiempo para investigar a Martinelli por la compra de alimentos deshidratados por $44.9 millones.
El magistrado Jerónimo Mejía, que actúa como juez de garantías, ordenó la suspensión de la investigación, hasta que el pleno de la CSJ decida si admite o no la advertencia. Si la admite, habría entonces que esperar a que ésta sea resuelta.
Solo así podrá Mejía decidir si otorgar más tiempo a Ortega para que investigue.
Mientras tanto, las diligencias están suspendidas, “de aquí en adelante”.
“Lo que ya se hizo, hecho está. Pero tenemos que ver qué dice el pleno, porque el artículo 491ª se va a aplicar en este proceso”, dijo Mejía a Ortega, en presencia de la defensa de Martinelli, cuyo paradero actual se desconoce.
“Si se llegara a decidir que no se prorroga, el fiscal solo tendría los días que le quedan como si fuera el día de hoy”, advirtió.
El 28 de enero pasado –el mismo día que salió del país, rumbo a Guatemala, donde está la sede del Parlacen- la CSJ admitió la causa penal contra Martinelli, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, y asignó a Ortega y Mejía como fiscal y juez de garantías, respectivamente. El caso no avanzó, a la espera de que el Tribunal Electoral (TE) levantara el fuero electoral penal del que gozaba el exgobernante, en su condición de presidente y representante legal de su partido Cambio Democrático (CD).
La investigación inició formalmente el 4 de mayo, luego que el TE comunicó sobre el levantamiento del fuero. Por tanto, todavía no ha vencido el plazo de los dos meses que dicta la ley para concluir la investigación.
Martinelli es investigado luego que Giacomo Tamburrelli, exdirector del PAN, declarara en la Fiscalía Segunda Anticorrupción que suscribió el contrato para la compra de los alimentos deshidratados, por orden de Martinelli.
Por este caso, la fiscal Vielka Broce pidió llamamiento a juicio para para nueve personas: Tamburrelli; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; el exsecretario privado de Martinelli, Adolfo "Chichi" De Obarrio; los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas); las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta de Varela (Desarrollo Social); el exjefe de Nutrición del PAN, Ángel Famiglietti, y el empresario Rubén De Ycaza, de la empresa proveedora Lerkshore. Todos tienen medida cautelar, ya sea de casa por cárcel o impedimento de salida del país.
La audiencia preliminar se celebrará el 21 de octubre.