Terminó el juicio por el caso de la comida deshidratada. que se compró con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Concluyó la noche del martes 20 de febrero a las 7:01 p.m. y Agueda Rentería, la titular del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se acogió a los 30 días que establece la ley para emitir un veredicto.
En el juicio, que comenzó el pasado lunes 19 de febrero, el fiscal Ariel De Gracia solicitó una condena para los cuatro imputados: Giácomo Tamburelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional; Rubén De Ycaza, el proveedor de la comida deshidratada, y los comerciantes Jorge Noel y Cinthia Quirós.
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga los investigó por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, en las modalidades de peculado en diversas formas, tráfico de influencias y delitos contra la salud pública.
En la audiencia ordinaria, dos abogados de la defensa particular presentaron recursos con el propósito de desestimar el caso, entre ellos incidentes de prescripción de la acción penal a favor de sus representados. Estas acciones legales serán resueltas por la jueza al momento de emitir la sentencia, según informó el Órgano Judicial en un comunicado.
En el juicio, dos peritos de la Contraloría General de la República sustentaron la auditoría que determinó una lesión patrimonial al Estado por $14 millones, elemento que fue clave en la investigación.
Esta investigación se inició en el año 2015, precisamente a raíz del informe de auditoría de la Contraloría que detectó irregularidades en la compra de alimentos deshidratados para las escuelas oficiales de los corregimientos más pobres del país.
Se trata de la segunda investigación que desarrolló el Ministerio Público por la compra de comida deshidratada durante el quinquenio 2009-2′014, administración en la que el PAN pagó $60 millones en alimentos deshidratados.
