José Luis Saiz Villanueva, uno de los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht, seguirá preso.
Esto es así, luego de que el Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por Saiz contra la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de enviarlo a prisión, tras el incumplimiento del acuerdo de pena y colaboración por el que debía devolver al Estado $750 mil.
El fallo, bajo la ponencia de la magistrada Ariadne M. García y fechado el pasado 22 de agosto, concluyó que no se observó ninguna violación a las garantías constitucionales de Saiz.
En cambio, sí se observó la pretensión de utilizar el recurso del amparo de garantías constitucionales como una tercera instancia para objetar una decisión judicial.
El primer tribunal indicó que, al examinar la grabación del acto de audiencia, no se percibieron indicios para acceder a revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones, ya que no hubo violación de las garantías del procesado.
Saiz cumple una pena de 47 meses de prisión pues no cumplió con el acuerdo de colaboración y pena que pactó con el Ministerio Público, el 18 de diciembre de 2017.
En dicho acuerdo, Saiz confesó haber sido testaferro del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, y, como tal, sirvió de intermediario para recibir, al menos, 7 millones de dólares de Odebrecht.
La audiencia preliminar del caso Odebrecht está prevista del 12 al 30 de este mes de septiembre; esto, luego de que el pasado 18 de julio fuera suspendida debido a la ausencia de varios abogados defensores que presentaron excusas médicas.
En esa ocasión, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo anunció que solicitará llamamiento a juicio para 50 personas investigadas por presunto blanqueo de capitales, entre ellas, los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
