Dos españoles se suman a la lista de testigos que han sufrido intimidaciones tras declarar en procesos vinculados al expresidente Ricardo Martinelli. Se trata de dos exejecutivos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), quienes atestiguaron sobre el pago de millonarios sobornos en el gobierno del mencionado expresidente.
Los otrora altos ejecutivos de FCC, al rendir indagatoria por su participación en el pago de coimas en Panamá, describieron el esquema de corrupción impuesto a los contratistas por funcionarios del gobierno: inflaban los precios de las obras públicas, incluida la Ciudad Hospitalaria y se acordaba el reparto de las licitaciones y la canalización de los pagos mediante un entramado financiero para lavar los fondos mal habidos.
Martinelli está siendo juzgado por las escuchas ilegales que tuvieron lugar en su mandato. En el proceso han salido a relucir múltiples conversaciones privadas de opositores políticos, periodistas, líderes sindicales y de la sociedad civil y de hasta competidores comerciales, que eran luego utilizadas como instrumentos de chantaje, o bien, reproducidas en redes sociales o medios afines al gobernante, a fin de desprestigiarlos e intimidarlos.
El lunes pasado, las amenazas tuvieron como objetivo a un testigo que justo terminaba de declarar en la audiencia. El patrón no es nuevo: hay decenas de demandas a periodistas, mensajes intimidatorios, videos difamatorios que circulan en redes y, con esta, la agresión física, que el propio Martinelli –es decir, su autor– confirmó de viva voz.
Extractos de las declaraciones que dieron Eugenio Del Barrio y Julio Casla, los exejecutivos de FCC, han aparecido en algunos medios en los últimos años. La Prensa publica, por primera vez, en prensa.com sus deposiciones judiciales.
LA INTIMIDACIÓN
En agosto de 2012, Eugenio Del Barrio fue convocado a una reunión en el Palacio de Las Garzas. El entonces presidente, Ricardo Martinelli, le anunció personalmente que la semana siguiente destituiría al ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y que, a partir de ese momento “el nuevo interlocutor sería Riccardo Francolini”, quien también estaba presente en ese encuentro.
La urgencia de Martinelli en citar a Del Barrio para informarle de una decisión que el propio Suárez desconocía, no guardaba relación con la marcha del ministerio ni con la ejecución de las obras de la empresa, sino con el esquema de “comisiones” que se había establecido con la constructora española desde el inicio de su administración.
Del Barrio –que era director general de FCC para América, desde Canadá a Chile, además de Portugal–, tuvo que viajar expresamente para asistir a la urgente reunión con Martinelli.
LOS ASTURIANOS
Según narró Del Barrio, la relación de FCC con el gobierno Martinelli comenzó desde que tomó posesión, en 2009. Su otrora jefe, el director general de FCC, Avelino Acero, tenía múltiples contactos y amistades en Panamá, y una relación especial con el ministro Suárez, por ser ambos de origen asturiano, comunidad del norte de España.
“FCC tenía una deuda muy importante procedente del gobierno de Martín Torrijos”, contó el ejecutivo.
Para cobrar las deudas millonarias dejadas por el PRD, Suárez le indicó que debían pagar una “comisión” del 10%, la cual sería coordinada y canalizada por un abogado de su confianza: Mauricio Cort.
A FCC también le prometieron la adjudicación de nuevas obras en el ambicioso programa de inversiones de la nueva administración. Eso sí, cada adjudicación involucraría el pago de una comisión del 10%, que sería canalizada a través de Cort, encubierta en forma de “honorarios”.
‘MODUS OPERANDI’
“Durante el mandato del presidente Ricardo Martinelli” –corroboró Julio Casla, el segundo exejecutivo de FCC que declaró en Madrid ante fiscales del Ministerio Público de Panamá– dijo que, “de todas las facturas pendientes de pago, así como todas las adendas y cualquier dinero de obras del Estado panameño, debía entregarse una cantidad del 10%”.
Fue una imposición a la que se sometió FCC desde el inicio del quinquenio Martinelli, aseguró Casla, tanto para cobrar las deudas de las obras en curso –contratadas por gobiernos anteriores– como cualquiera nueva adjudicación. “Esto no fue una cosa puntual, sino que se nos repitió en más de una ocasión”, remarcó Casla.
Volviendo a la reunión con Martinelli, Del Barrio aclaró: “Se estableció que Francolini sería el nuevo interlocutor con FCC y que sería él quien llevaría la contabilidad de todos los pagos que se realizaran por obras de este ministerio. Y en el caso de Cort, como se seguía pagando a través de él, estaban ambos en paralelo”. Es decir –explicó– Cort era la persona a quien se le pagaba, salvo cuando se canalizaban a través de otros intermediarios, y Francolini, que era el que gestionaba que esos pagos se realizaran.
“Era evidente que Francolini se convertía en una suerte de testaferro del presidente y que era un acto de una política planificada y sistemática de los altos funcionarios panameños orquestada por el presidente”, afirmó Del Barrio.
APARECE MARTINELLI JR.
Los exejecutivos e FCC contaron, por ejemplo, sobre la exigencia que le hicieron por la adjudicación del Hospital Luis Chicho Fábrega, licitación que FCC había ganado en buena lid. Para adjudicarles la obra, les exigieron el pago de una “comisión” de $9 millones, según Del Barrio.
Contó que un día apareció el hijo mayor del presidente, Ricardo Martinelli Linares. Con él sostuvo varias reuniones en el Super 99, ya que él estuvo siempre muy pendiente de este proyecto, “por lo que deduzco que debería ser uno de los destinatarios de la comisión, según me confirmó Cort, además”.
CONCIERTO PARA DEFRAUDAR
También detallaron sobre reuniones celebradas en oficinas de Odebrecht en Torre Las Américas, a las que asistieron representantes de las constructoras ICA y MECO. O sea, estaban todos los consorcios que supuestamente competían entre sí para hacerse de las licitaciones.
En una primera reunión, se acordó el reparto de mega proyectos, como la cinta costera III, los viaductos de Vía Brasil, los proyectos de renovación de patrimonio histórico y la vía Domingo Díaz. En la siguiente reunión acordaron los precios que cada uno habría de proponer, coima incluida.
¿A CUÁNTO ASCENDIERON LOS SOBORNOS?
En el 2013, un año antes de culminar el gobierno Martinelli, Del Barrio abandonó FCC. Se trasladó a México, a trabajar con otra constructora española, OHL, (ahora OHLA). Del Barrio contó que el monto total de “comisiones” acordado, hasta que él se retiró de FCC, sumaba $90 millones.
Es más, le entregó a las fiscales panameñas las hojas en las que se desglosaban los pagos hechos y los montos pendientes de pago por supuestos “honorarios”, como sutilmente denominaban a las coimas.
“Hasta el 2013 se pagó, según mi conocimiento, $42.4 millones”.
Las confesiones de David Casla –quien fue jefe de FCC local y que vivía en Panamá– coinciden con las de Del Barrio. La indagatoria de Casla fue recibida en junio de 2019, en la sede de la Embajada de Panamá en Madrid. Corroboró la entramada de corrupción, las cifras millonarias con las que se inflaban los contratos y los pagos que se hicieron a través de terceros que viabilizaron que las coimas terminaran en bancos suizos y andorranos.
Antes de concluir su indagatoria, Casla manifestó tener una preocupación grave. “Temo por mi seguridad y la de mi familia”. Su preocupación tendría fundamento.
AMENAZAS
Dos meses después, cuando las fiscales panameñas volvieron a Madrid para ampliar las indagatorias, ya había empezado la campaña de amedrentamiento contra los delatores. Casla denunció una serie de “videos, transmisión de comunicaciones y noticias falsas” que aparecieron tras su primera declaración.
Denunció que estas habían empezado a aparecer en redes sociales y medios de comunicación, y que podían representar una “coacción indirecta” a su persona.
Casla, que ya se había jubilado, urgió a las fiscales a homologar este acuerdo de colaboración cuanto antes, ya que temía por su seguridad física.
Del Barrio, que para entonces vivía en México, fue mucho más explícito. “Pude constatar que existió fuga de información, producto de la cual he recibido amenazas”, refiriéndose a la campaña de desprestigio aparecidas en su contra en ciertos medios de comunicación y en redes sociales.
Del Barrio se quejó de que estaba recibiendo mensajes amenazadores en su Whatsapp, además de preguntas de un supuesto periodista, advirtiéndome que si su nuevo empleador, OHL, sabía de sus delaciones contra de exfuncionarios panameños, y que si el gobierno de Juan Carlos Varela favorecería a OHL por presiones mías para no delatarle.
EL PATRÓN DEL MAL
En efecto, luego de que ambos ejecutivos rindieron sus primeras declaraciones ante las fiscales, empezaron a aparecer publicaciones digitales en México que hablaban de un supuesto “escándalo por corrupción de OHL en Panamá”.
En ellas se hablaba de tráfico de influencias y del pago de sobornos por el gobierno de Varela vinculados a OHL.
Según dicha noticia, “Eugenio Del Barrio y Julio Casla habrían pactado con la procuradora Kenia Porcell sostener delaciones contra exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli”.
A cambio de esas delaciones –sostenían las publicaciones– Del Barrio y Casla, acordaron con el gobierno de Varela la obtención del contrato, por más de $200 millones, para extender la Línea 1 del Metro a Villa Zaíta.
Pero Casla jamás ha trabajado para OHL y las responsabilidades de Del Barrio en esa empresa no tenían vínculo con Panamá.
“Luego me mandaron tres videos montados, donde aparezco yo y el señor Casla. Luego, apareció otra noticia de un supuesto diario digital mexicano hablando de Casla y de mí. También apareció una nota en La Llorona de La Estrella de Panamá”. La campaña en su contra continuaría ahora en Panamá.
Tres semanas después de la última comparecencia de Del Barrio ante las fiscales, el diario Panamá América publicó una noticia sobre la constructora OHL, por la misma línea de las aparecidas en medios digitales mexicanos. El diario, citando a un medio digital mexicano de nombre Récord, señaló directamente a Del Barrio.
“De acuerdo con Récord, Del Barrio es uno de los directivos de OHL que presuntamente accedió a hacer acusaciones judiciales sin fundamentos en contra de exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, a cambio de beneficiarse con un contrato de casi 200 millones de dólares para la ampliación del Metro de Panamá a Villa Zaíta”, indicaba el medio.
“El acuerdo habría sido pactado con la procuradora general de Panamá, Kenia Isolda Porcell Díaz, durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), quien desde el inicio de su gestión emprendió una persecución política y financiera contra el expresidente Martinelli, familiares y exfuncionarios”, añadió.
La misma historia apareció también publicada en Crítica, el otro periódico editado por la editorial Epasa, perteneciente a Martinelli.
Tiempo después, Panamá América volvió a publicar en su portada una historia en la que describía las indagatorias tomadas en la embajada panameña en Madrid, pero con la versión de que la exprocuradora se comunicaba con las fiscales para hacer que los testigos vincularan a Martinelli en el caso de corrupción.
Una vez se supo que la Audiencia Nacional de España decidió investigar al expresidente por su posible participación en los casos de corrupción y lavado de dinero en las pesquisas que allá se le siguen a FCC, cuentas anónimas en redes sociales, afines al expresidente, al igual que los medios de su propiedad, han continuado con la campaña contra Del Barrio y Casla.
