La decisión del presidente José Raúl Mulino de excluir al Pacto de Estado por la Justicia como elemento verificador de los antecedentes de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, implica un retroceso en la generación de confianza en la comunidad.
Así lo planteó Olga de Obaldía de la Fundación para el Desarrollo Ciudadano, capítulo panameño de Transparencia Internacional, quien aseguró que la decisión anunciada por el mandatario este jueves 31 de julio, durante su rueda de prensa semanal, puede ser legal, pero omite dos realidades fundamentales: el momento histórico que atraviesa el país, marcado por una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, y el valor histórico del Pacto de Estado por la Justicia, que se convirtió en una hoja de ruta acordada entre el Estado y la sociedad para mejorar la administración de justicia.
De Obaldía consideró que la decisión asumida es una oportunidad perdida para empezar a reconstruir la confianza ciudadana mediante acciones concretas en procesos claves para la calidad de la democracia, como lo es la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Argumentó que desde la teoría constitucional la ratificación legislativa de los magistrados de la Corte es entendida como una forma de representación indirecta de la ciudadanía.
Sin embargo, reconoció que la práctica ha demostrado lo contrario y que históricamente ha sido un proceso que no genera confianza y que en reiteradas ocasiones ha dado pie para el nombramiento de personas con claros conflictos de interés con el Ejecutivo, sin experiencia judicial, y en algunos casos, sin la probidad necesaria para impartir justicia.
De Obaldía remarcó que omitir la convocatoria de esta comisión, reducir el proceso a su legalidad formal y excluir mecanismos legítimos de participación es desconocer la historia reciente y allanar el camino para repetir sus peores errores.
Mulino deberá designar a dos magistrados de la Corte al final de este 2025. Los designados reemplazarán a Cecilio Cedalise en la Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral, y a Ángela Russo de la Sala Civil.
@LibertCiudadana, Capítulo Panameño de @anticorruption, comparte su comunicado sobre el proceso de designación de magistrados. pic.twitter.com/JA5d1i4iy7
— Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) July 31, 2025
El Pacto de Estado por la Justicia se instaló en 2005, con el objetivo principal de impulsar reformas integrales en el sistema de justicia para mejorar su eficiencia, transparencia y acceso.
Con la excepción de la administración del expresidente Ricardo Martinelli, el resto de los exmandatarios contenidos en este período convocaron al Pacto de Estado por la Justicia para la verificación de las ejecutorias y el perfil de los aspirantes a magistrados de la Corte.
