La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), instó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva lo más pronto posible la demanda de inconstitucionalidad que presentaron en contra de la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República.
En una carta abierta a la Corte, el TI recordó que esta norma ha sido criticada por relajar la responsabilidad fiscalizadora de la Contraloría y otorgar poderes discrecionales al Contralor.
Argumenta que estas modificaciones han permitido el uso discrecional de millonarias partidas del presupuesto nacional sin la debida fiscalización, resultando en escándalos como los “auxilios económicos” y la “descentralización paralela”.
La Corte Suprema admitió el recurso de inconstitucionalidad en abril de 2023 y recibió en mayo de ese año la opinión del Procurador de la Administración que determinó la inconstitucionalidad de la ley.
El recurso presentado es contra los artículos 1, 2, 9, 14, 22, 31, 32 y 46 de la Ley 351.
“La Fundación, diversas organizaciones y juristas de gran trayectoria que apoyan la carta hacen un llamado a los magistrados para que no dilaten más la declaración de inconstitucionalidad, devolviendo a la Contraloría la fuerza necesaria para cumplir sus tareas en un estado de derecho”, indica la carta.
Transparencia Internacional junto a otros grupos, como Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), Centro de Incidencia Ambiental (CIAM Panamá), Civitas Panamá, Consejo de Ex Presidentes de Gremios de Panamá, Fundación Espacio Cívico, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN), Movimiento Panamá Joven y la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, presentaron la demanda.
