El procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que el mecanismo utilizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para cambiar la zonificación de 42 fincas en la urbanización Obarrio, en el corregimiento de Bella Vista, “no es ni participativo ni transparente”.
Así consta en una nota fechada el 7 de septiembre pasado que envió González al ministro Mario Etchelecu, luego de examinar la documentación aportada por el Miviot para justificar los cambios de zonificación en ese sector.
El 29 de marzo pasado, Etchelecu y el viceministro de Ordenamiento Territorial, Juan Manuel Vásquez, firmaron una resolución que otorga la zonificación RM3/MCU3 (residencial y mixto comercial urbano de alta densidad) a terrenos de uso de suelo residencial de baja y mediana densidad.
Según el Miviot, los cambios se realizaron atendiendo recomendaciones de “los residentes y participantes a la consulta ciudadana en el corregimiento de Bella Vista”. También alega que en el 2012 se hizo un plan que creó códigos de zona comercial y residencial de alta densidad para Obarrio, proceso en el que -por alguna razón- quedaron excluidas 42 fincas.
Al respecto, el procurador de la Administración replicó que no hay constancia de las supuestas peticiones de la comunidad y que el Miviot obvió el mecanismo de participación ciudadana que dicta la Ley 6 de 2002 (“Ley de Transparencia”), que señala que todas las instituciones del Estado tienen la obligación de permitir la participación ciudadana en todos los actos de la administración pública que puedan afectar sus intereses y derechos.
Igualmente, recordó que el Código de Ética de los Servidores Públicos obliga a éstos a garantizar el acceso a la información gubernamental.
(Lea aquí la nota completa del procurador González al ministro Etchelecu).
El pasado 25 de agosto, bajo la ponencia de Efrén Tello (suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega), la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de los efectos de la resolución del Miviot que aprobó los cambios de zonificación en Obarrio, atendiendo una demanda de nulidad que presentó el alcalde capitalino José Blandón, por considerar que los cambios de uso de suelos son competencia de la entidad que dirige, y no del Miviot.