La causa penal contra los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares por los sobornos de Odebrecht llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 23 de septiembre de 2023. Tres años después, el juicio sigue sin fecha.
Lo mismo ocurrió con las sumarias seguidas al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) y al exministro de Obras Públicas, Jaime Ford Castro. Al igual que los hermanos Martinelli Linares, ambos están bajo la jurisdicción del Pleno de la Corte por su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Ante este escenario, se decidió acumular las cuatro investigaciones en una sola carpeta, que tiene a las magistradas Maribel Cornejo y María Eugenia López Arias como fiscal y juez de garantías, respectivamente.
A pesar de que las carpetas fueron acumuladas a principios de 2023, aún no se ha definido una fecha de juicio para determinar la responsabilidad sobre los hechos objeto de investigación.
Los cuatro están en la vista fiscal del 9 de abril de 2021 de la Fiscalía Especial Anticorrupción y en el auto de llamamiento a juicio emitido el 7 de noviembre de 2022 por la juez Baloisa Marquínez, en el que dispone enjuiciar a 35 personas por presunto blanqueo de capitales.
Los hermanos Martinelli, Varela y Ford no participaron en el juicio que concluyó el pasado 27 de febrero, en la sala de la juez Marquínez. Los cuatro invocaron su condición de diputados (principales o suplentes) del Parlacen.
El cargo es el mismo: blanqueo de capitales relacionados con fondos entregados por Odebrecht entre los años 2010 y 2014, a cambio de contratos con el Estado. Ford, además, fue imputado por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionario.
Rica y Kike
Los Martinelli Linares ya aceptaron, en 2021, haber conspirado para blanquear $28 millones en coimas de la constructora, utilizando el sistema financiero estadounidense. En su confesión al juez federal Raymond Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, señalaron que seguían instrucciones de su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).
Los hermanos fueron condenados a 36 meses de prisión y dos años de libertad bajo supervisión. El 25 de enero de 2023, fueron puestos en libertad y deportados a Panamá.
Ese mismo día, el Departamento de Estado estadounidense designó a Martinelli Berrocal “por su participación en actos de corrupción significativa” y lo declaró inelegible para ingresar a Estados Unidos. La medida también se extiende a sus hijos.
Entre los hechos atribuidos y admitidos por los hermanos Martinelli Linares al juez Dearie están las transferencias que Odebrecht realizó entre los años 2009 al 2015 (coincidiendo con el mandato presidencial de su padre) utilizando cuentas bancarias a nombre de sociedades instrumentales como Klinfield Services LTD, Constructora Internacional del Sur, S.A., Select Engineering Consulting and Services Inc., Aeon Group, Baxley Assets Inc., Hadar Assets, Rodira Holding, Innovation Research Engineering and Development y Trident Inter Trading Ltd., entre otras.
Además, de estas evidencias, el expediente de la Fiscalía Especial Anticorrupción recoge toda la información aportada a través de asistencias internacionales a Suiza, Estados Unidos, Brasil, Andorra y Perú, entre otras jurisdicciones.
Para los hijos del expresidente Martinelli, este es su segundo periodo en el Parlacen.
Actualmente, Luis Enrique y Ricardo Alberto son suplentes de Giselle Burillo y Carlos Outten, respectivamente.
Ricardo Martinelli Linares, además, es suplente del diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Benavides, de Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli Berrocal.
Varela y Don James
Juan Carlos Varela llegó al Parlacen porque su nombre encabezó la lista de su partido, el Panameñista.
Al concluir su mandato, en 2019, le correspondía una curul. Aunque nunca fue formalmente juramentado, sus abogados alegaron que era miembro “de hecho”.
Como ocurrió antes con Martinelli Berrocal, Estados Unidos también lo designó por presuntos actos de corrupción, el 13 de julio de 2023.
En cuanto a Odebrecht, la investigación en su contra se centra en los dineros que la constructora transfirió a cuentas a nombre de V-Tech, y Poseidon Enterprises, ambas sociedades controladas por Jaime Lasso, un “lobista” que captaba donaciones para la campaña política del Panameñista. Según la investigación, los dineros luego eran desviados a la Fundación Don James, antes de ser entregados a su beneficiario final, que era Varela.
Ford, Espino y un acuerdo de pena
Jaime Ford llegó al Parlacen en agosto de 2024, porque fue enlistado por RM.
En su contra está la delación de Jorge Espino, que señaló haber recibido cerca de $1.8 millones de la División de Operaciones Estructuradas, que era el nombre de la oficina de coimas de Odebrecht.
Espino fungió como representante legal de Westfall Holding, sociedad que tenía una cuenta bancaria en el BPA de Andorra, la cual recibió depósitos por $3 millones de Aeon Group Inc. (Odebrecht). Espino es dueño de una empresa llamada Conceptos y Espacios, S.A., la cual tenía un supuesto contrato de servicios con Odebrecht. Él mismo admitió que la cuenta en Andorra tenía la finalidad de transferir fondos a Ford, que entonces era ministro de Obras Públicas.
El testaferro confeso llegó a un acuerdo de pena con el Ministerio Público, que fue validado por el Juzgado Duodécimo Penal, el 17 de noviembre de 2017. Como parte de ese acuerdo, Espino fue condenado a 42 meses de prisión (que se reemplazaron por el pago de 250 días multa, que totalizaron $16,000) y la devolución de $1 millón.
Una sentencia que no llega
Hace siete meses y medio concluyó el juicio a otras 21 personas acusados de lavar dinero procedente de Odebrecht.
La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó condena para el expresidente Martinelli y para cinco de sus ministros: José Domingo Arias (Vvienda), Demetrio Papadimitriu (Presidencia), Federico Suarez (MOP), Carlos Duboy (Vivienda) y Frank De Lima (Economía y Finanzas).
La fiscalía también pidió condena para los peruanos María Isabel Carmona y Gonzalo Valverde; el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira, y los andorranos Cristina Lozano Bonet y Francesc Xavier Pérez Giménez.
Para Navin Bhatka, Aurora Muradas, Michelle Lasso, Jaumes Pamies y Rosa Mary Molino, la fiscalía pidió la absolución. El Ministerio de Seguridad Pública, que es querellante en este proceso, también pidió la absolución de Juan Antonio Niño.
Durante el juicio la fiscalía logró la validación de tres acuerdos de colaboración y pena alcanzados por Riccardo Francolini, Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa.
La juez Marquínez también deberá pronunciarse sobre la participación en este esquema de Aarón Mizrachi, quien fue juzgado cuatro meses después.
La Fiscalía Especial Anticorrupción entregó su vista fiscal del 9 de abril de 2021. Año y medio después, el 7 de noviembre de 2022, la juez Baloisa Marquínez emitió un auto de llamamiento a juicio para 35 personas por presunto blanqueo de capitales.
Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, Juan Carlos Varela y Jaime Ford están en el auto de llamamiento a juicio de la juez Marquínez, pero como fueron juramentados como diputados del Parlacen, la competencia para procesarlos la tiene la Corte.
Maribel Cornejo es la magistrada fiscal, mientras María Eugenia López Arias funge como juez de garantías.
No se ha anunciado una fecha para enjuiciar a los Martinelli Linares, Varela y Ford.
La juez Marquínez ya celebró el juicio a 21 personas, del 12 de enero al 27 de febrero de 2026. Todavía no ha dado a conocer su veredicto.
La fiscalía atribuye a Mizrachi haber recibido fondos de Odebrecht a través de su sociedad, Caribbean Holding Ltd. Esos fondos, a su vez, posteriormente fueron transferidos a Importadora Ricamar, por instrucciones del expresidente Martinelli, y otras sociedades utilizadas por Varela, entre otros.
