El 7 de enero, a las 3:30 de la tarde hora local, dos ambientalistas hondureños Jairo Bonilla de 28 años de edad y Aly Domínguez de 38, fueron brutalmente asesinados. Ambos tenían disparos en sus cuerpos y un tiro fatal en la sien. Sus muertes fueron las dos primeras de activistas ambientales registradas en el mundo este año.
Según Los Angeles Times, la policía hondureña dijo que el móvil de sus muertes fue el robo. Sin embargo, las familias y conocidos de las víctimas dijeron que la motocicleta, los teléfonos celulares y el dinero de su trabajo como cobradores para una empresa de televisión por cable, lo tenían encima. De acuerdo con el mismo diario, la policía le echó la culpa a los familiares por haber entorpecido la investigación, ya que se llevaron los cuerpos y sus objetos personales para enterrarlos.
Una historia de amenazas
De acuerdo con el diario El País de España, este relato tuvo su comienzo en el año 2018, luego de que se iniciara la operación de una concesión minera, en tierras que habían sido parte del Parque Nacional Carlos Escaleras, en el norte de Honduras. El gobierno de ese país alteró los linderos de ese Parque, lo que permitió que se pudiera dar una concesión minera para la explotación de óxido de hierro en una región en la que nacen 34 fuentes de agua.
Durante ese año, la población de la aldea La Concepción y otras comunidades aledañas de la zona de Guapinol en el Caribe hondureño, se levantaron en oposición al proyecto minero y al despojo de tierras campesinas y reservas forestales, para favorecer dicho proyecto.
Luego de semanas de protestas frente a las oficinas de la empresa minera, fueron duramente reprimidos por la policía y el ejército hondureño, y 32 de los activistas fueron detenidos, entre ellos Bonilla y Domínguez, que se conocieron en la cárcel en la que tuvieron detenidos más de un mes, mientras que siete otros activistas pasaron 914 días detenidos luego de haber sido condenados por un juzgado hondureño, por los delitos de privación injusta de la libertad y daños simples y agravados. Otro tribunal de ese país los liberó, gracias a que una tutela judicial (amparo de garantías) determinó que se había violado el debido proceso.
En el diario El País de España, se recogieron testimonios que afirman que desde el año 2019, los activistas habían recibido amenazas supuestamente provenientes de personas ligadas a la operación minera, que entre otras expresiones decían: “Hay que mantenerles a raya para que nos dejen trabajar’ o ‘los vamos a exterminar”. Ahora, le corresponde a la misma fiscalía que los detuvo, investigar su asesinato.
De acuerdo con el diario La Prensa de Honduras, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le pidió a las autoridades de ese país que estableciera una comisión investigadora para aclarar estos homicidios.
Otra víctima
El pasado 18 de enero el líder campesino José Omar Cruz Tomé, presidente de la Cooperativa Agrícola Los Laureles, fue asesinado por sicarios. Según el portal Voz de América, Cruz Tomé formaba parte de la misma resistencia campesina del norte de Honduras de la que fueron integrantes Bonilla y Domínguez.
El 23 de enero nueve organizaciones de derechos humanos, hondureñas y extranjeras, se sumaron al pedido a la presidenta de ese país, Xiomara Castro, para que designara una comisión independiente para investigar estos crímenes. Según la organización no gubernamental Global Witness, durante la última década (2012-2022) unos 1,733 activistas ambientales fueron asesinados alrededor del mundo. En el año 2022 se contabilizaron 198 ambientalistas víctimas de estos asesinatos. Los hondureños Bonilla y Domínguez fueron los dos primeros de este año 2023.
