El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales concedió un término de 15 días a los defensores del exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez, George Joseph Moreno, Riccardo Francolini, Alcides Bernal y otras tres personas para formalizar el recurso de casación contra la condena impuesta por la comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.
En este caso, también anunciaron apelación los abogados de Juan Daniel Girón, César Jaramillo y Octavio Samaniego, igualmente condenados a penas de prisión.
A través del edicto No. 224, fijado el pasado 17 de octubre en el tablero del Tribunal Superior de Liquidación, se informó a los abogados defensores sobre el término establecido para la presentación del recurso.
También deberá sustentar recurso de casación la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió las absoluciones otorgadas a Antonio Donadío, Jaime Martín de la Espriella, Luis A. Arias y Melina Cano.
A su vez, el tribunal informó que los 370 tomos de la investigación serán puestos a disposición de la fiscalía y de los abogados defensores a través de un enlace electrónico, mientras que el expediente físico permanecerá en la sede del tribunal, ubicada en el Palacio de Justicia Gil Ponce, por razones de seguridad.
En el caso del exministro Federico Suárez, el tribunal le mantuvo una condena de 158 meses de prisión y una multa de $2.4 millones. A Riccardo Francolini le impuso 60 meses de cárcel y una multa de $470 mil.
Para Octavio Samaniego, la condena fue de 152 meses de prisión; para Juan Daniel Girón, 64 meses de cárcel; y para César Jaramillo, 72 meses de arresto. También se dictó una pena de 80 meses de prisión a George Joseph Moreno y de 60 meses de cárcel a Alcides Bernal.
El tribunal confirmó el fallo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, fechado el 13 de noviembre de 2023 y firmado por la jueza Baloisa Marquínez, al considerar que los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar las pruebas presentadas por la fiscalía.
Asimismo, el tribunal mantuvo el comiso de bienes de varios de los sancionados, incluyendo una villa en el PH Bristol Villas Buenaventura, un apartamento en el PH Wind Rose, en Coco del Mar, un terreno en Mariato, provincia de Veraguas, y cinco cuentas bancarias y plazos fijos.
La investigación se inició en octubre de 2017, tras la denuncia de que la sociedad Blue Apple Services recibió coimas de contratistas del Estado durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
En esta causa también figuran Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del exmandatario, pero debido a su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), su caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
También está bajo competencia de la Corte, por la misma razón, el proceso contra el exministro del MOP Jaime Ford, quien en primera instancia fue condenado a 80 meses de prisión y al pago de una multa de $11.4 millones.
Las diligencias fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción el 30 de octubre de 2017, luego de que un informe de inteligencia policial hiciera referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services, creada por varios miembros del gobierno del período 2010-2014 con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero” presuntamente obtenido de coimas o sobornos vinculados a la adjudicación de proyectos de construcción a nivel nacional. Para ello se utilizó el sistema bancario local e internacional, con el fin de dar apariencia legítima a los fondos.
Durante la investigación, varios empresarios aceptaron que se les cobraba dinero por la ejecución de contratos de obras con el Estado.
