El Tribunal Superior de Apelaciones levantó la medida cautelar de depósito domiciliario aplicada al exrepresentante de Villa Rosario, Capira, Carlos Alberto Montenoir, y a la extesorera Doris Alonso, ambos imputados por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización paralela y dispuso la prohibición de acercarse a los beneficiarios de lo cheques de la descentralización.
Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones desestimaron una apelación presentada por la Fiscalía Anticorrupción, en la que solicitaba que se dictara la medida de detención provisional en contra de ambos exfuncionarios, por considerar que existía riesgo de destrucción de pruebas y de ausentarse del proceso.
Sin embargo, de manera unánime, los magistrados del Tribunal de Apelaciones levantaron la medida de arresto domiciliario adoptada por un juez de garantías.
Ambos exfuncionarios fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en Villa Rosario de Capira, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el manejo de fondos asignados a esa Junta Comunal por un monto de $800 mil.
La semana pasada un juez de garantías de Chiriquí imputó cargos por peculado y aplicó medidas cautelares de impedimento de salida del país a los representantes de corregimiento de Dolega y Quebrada de Piedra en Tolé, provincia de Chiriquí, por irregularidades en el manejo de fondos del Programa de Desarrollo Integral Sostenible (PDIS).
También la semana pasada, un juez de garantías de Veraguas imputó cargos por peculado y se aplicó medidas cautelares de notificación periódica a los exrepresentantes y a los extesoreros de las juntas comunales de Bisvalles y Boró, ambas ubicadas en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas.
Las fiscalías anticorrupción mantienen abiertas varias carpetas que involucran a exalcaldes, representantes de corregimiento y extesoreros por actos de corrupción y malos manejos de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización para la realización de obras en sus comunidades, pero que, al parecer no se concluyeron.
Hasta ahora las autoridades han aprehendido e imputado cargos a unas 10 personas relacionadas con estos procesos relacionados con fondos de la descentralización.
