Un tribunal de apelaciones confirmó la medida cautelar de reporte periódico y ordenó el retiro del pasaporte al ex jefe de personal de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) José Ruiloba Pineda, sobrino del diputado del Partido Revolucionario Democrático Raúl Pineda, y dispuso que el investigado no podrá acercarse a la Contraloría General de la República ni al Miviot dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado.
Las medidas le fueron aplicadas por el Tribunal Superior de Apelaciones durante una audiencia celebrada la tarde de ayer martes, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al sostener que Ruiloba Pineda podía abandonar el país y no hacerle frente a la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Miviot.
Los magistrados Raúl Leonel Urriola Caballero, Yilis Pittí y Gustavo De Gracia consideraron que las medidas aplicadas en primera instancia por un juez de garantías son cónsonas con las necesidades del proceso.
Sobre Ruiloba Pineda pesa una medida cautelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes. Esto le fue impuesto por un juez de garantías el pasado 17 de junio cuando se le imputó cargos a Ruiloba Pineda por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Miviot.
La investigación se inició tras la detección en la duplicidad en el cobro de cheques dentro del Miviot relacionadas con el Programa de Ayudas, que presuntamente fue usado para el pago de planillas.
En este proceso existen otras 14 personas bajo investigación que presuntamente habrían recibido cheques de esa entidad, pero que no ejercían funciones concretas.
La planilla estaba directamente relacionada con el Programa de Ayudas que reflejó inconsistencias por fuertes sumas de dinero. Algunos de los implicados aparecían como funcionarios del Miviot, pero laboraban en juntas comunales.
Ruiloba también fue denunciado en 2024 por la exdiputada del PRD Zulay Rodríguez por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del Programa Techos de Esperanza dentro del cual se manejaron $2.5 millones y en el que se nombró a 2,288 personas.
En el año 2020 Ruiloba también fue sancionado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por incurrir en una conducta que afectó la buena marcha del servicio público.
