El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial modificó la medida cautelar de detención provisional por retención domiciliaria −en la provincia de Los Santos− a la exfuncionaria del Órgano Judicial, Nicel Solano, detenida como parte de la operación Damasco.
Solano estuvo en prisión desde el 22 de febrero de 2022, cuando una juez de garantías le imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y corrupción de funcionarios.
Durante una audiencia, celebrada el pasado 5 de febrero, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Carlos Barragán, Andrés Reyes y Raúl Urriola concedieron a Solano la medida de retención domiciliaria y aplicación de brazalete electrónico.
Solano es una abogada penalista que fue capturada por las autoridades a raíz de su presunta colaboración con la pandilla HP (Humildad y Pureza), a la que −según la investigación− la exfuncionaria judicial entregaba información sobre el avance de procesos legales a miembros de esa organización criminal.
La pandilla Humildad y Pureza, según las autoridades, es liderada por Carlos Roberto Aguilar (alias Robert) actualmente prófugo de la justicia y sobre quien pesa una recompensa de $100 mil por su captura.
De acuerdo con informes del Ministerio de Seguridad, los HP están asociados con el grupo colombiano el Clan del Golfo, a quienes brindan ayuda logística para transportar droga por la selva de Darién.
Durante la pesquisa, la fiscalía encontró en uno de los teléfonos decomisados comunicaciones entre Solano y uno de los presuntos miembros de la red criminal.
Según el Ministerio Público, debido al cargo que ocupaba Solano en el Órgano Judicial como abogada, tenía acceso a información relacionada con los casos penales que llegaban a los tribunales de justicia. Solano fue coordinadora de la Segunda Oficina del Sistema Penal Acusatorio, cargo que ocupó hasta junio de 2021.
El grupo tenía información de todas las diligencias que pretendían realizar las autoridades de investigación en medio de la operación Damasco, ya que sus miembros poseían copias de las órdenes de allanamiento e inspecciones que les iban a practicar. Esto se confirmó por imágenes de dichas órdenes de allanamiento y detención –emitidas por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada–, halladas en el celular de un integrante de esa red criminal.
Durante la investigación, que data del año 2021, cuando el Ministerio Público obtuvo información sobre la existencia de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales que operaba en el área de Chepo y enviaba drogas fuera del país, también se ha imputado a más personas por delito de conspiración para el tráfico de drogas.
En este caso la Corte Suprema de Justicia desestimó un amparo de garantías constitucionales presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que buscaba revertir la decisión de un juez de garantías de no admitir varias pruebas en el caso seguido a 24 personas imputadas por delincuencia organizada y corrupción de servidores públicos, dentro de la operación Damasco.
