El Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial mantuvo las medidas de arresto domiciliario, impedimento de salida del país y de notificación los lunes de cada semana a Emgelberth Geovanny Estrada Linares, miembro de la junta directiva de la Caja de Seguro Social, imputado por el delito de peculado por el manejo irregular de $4.4 millones entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
Durante una audiencia celebrada en la mañana de este lunes 5 de enero, en la sede del Sistema Penal Acusatorio de la Provincia de Chiriquí, el tribunal decidió mantener las medidas cautelares a Estrada, quien se había desempeñado como tesorero de la Junta Comunal de David, entre los años 2019–2024, a quien se le atribuye el manejo irregular de fondos de la descentralización.
Los magistrados también dispusieron la prohibición al imputado de acercarse a la Junta Comunal de David y de comunicarse con otros imputados dentro de la investigación, y concedieron un permiso para que pudiera laborar.
El tribunal desestimó la apelación presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que buscaba que al imputado se le aplicara la medida cautelar de detención provisional a raíz de la gravedad del delito: los fondos supuestamente malversados estaban dirigidos a la realización de programas de interés social.
Durante la audiencia, Rafael Santamaría, abogado de Estrada, alegó que no existieron irregularidades en el manejo de los fondos asignados a la junta comunal y argumentó que estos fueron administrados conforme a los protocolos y normativas vigentes. “No tenemos nada que ocultar y por eso decidimos enfrentar este proceso, que busca aclarar las imprecisiones señaladas por el Ministerio Público”.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, también involucra al exrepresentante de David, Jorge Montenegro Vallarino, a quien se le aplicó la medida cautelar de detención provisional, y forma parte del expediente conocido como “descentralización paralela” en las juntas comunales del distrito de David.
El caso se relaciona con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2019 y 2024, con un perjuicio económico estimado en más de $4.4 millones, según auditorías de la Contraloría General de la República y denuncias presentadas por Roxana Méndez, actual directora de la Autoridad Nacional de Descentralización.
Hasta ahora, la fiscalía ha logrado la imputación de cargos contra 11 exrepresentantes de corregimiento y 9 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización del Programa de Interés Social (PDIS).
Un informe del Ministerio Público detalla que la fiscalía aún tiene por ubicar a unos 50 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros que deben ser aprehendidos y llevados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.
El 20 de julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción envió a la DIJ un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojara irregularidades en el manejo de los fondos del PDIS.
