El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó este miércoles 10 de septiembre las medidas cautelares de impedimento de salida de país y reporte los días 14 y 28 de cada mes para el exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y al empresario Buddy Attie.
Esto, dentro de la investigación seguida por presuntas irregularidades con la operación de la plataforma utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del Vale Digital.
En tanto, a la abogada Janice Becerra, otra de las investigadas en este caso, se le mantuvo la medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico una vez al mes.
El exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, llegó este miércoles 10 de septiembre a la audiencia de apelación de las medidas cautelares aplicadas en su contra.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/kDe7Jo2vc2
— La Prensa Panamá (@prensacom) September 10, 2025
Los magistrados Gustavo De Gracia, Erick Vergara y Andrés Reyes plantearon que las medidas cautelares aplicadas por un juez de garantías el pasado 28 de agosto son adecuadas y proporcionales en este momento de la investigación.
Recalcaron que si bien existe una imputación y se tratan de delitos que superan los cuatro años de prisión, todavía la fiscalía no ha logrado establecer la participación de cada uno de los imputados en los delitos de peculado, asociación ilícita y corrupción que se les atribuyen.
En tanto, la fiscal anticorrupción Thalia Palacios, quien solicitaba al tribunal una medida más estricta como la detención provisional, afirmó que los imputados Oliva, Attie y Becerra actuaron de manera concertada para malversar los datos aportados por el Tribunal Electoral (TE) —consistentes en la información de los ciudadanos— y entregarlos a la empresa Fintek Corp., sin que esta mantuviera contrato alguno con el Estado, con el fin de obtener un provecho económico.
La fiscal Palacios explicó que, sin mantener un contrato con el Estado, la empresa Fintek Corp. cobraba a los comercios un porcentaje por el uso de su plataforma Listo Wallet para la entrega del bono digital, que era parte del Programa Panamá Solidario.
La fiscal Palacios solicitó al tribunal revocar las medidas cautelares de Oliva y Attie por considerar que los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción tiene una pena de más de cuatro años de prisión y mantienen un nivel económico por lo que pueden salir del país.
Por su parte, Christian Lara, abogado de Buddy Attie, aseguró que la empresa Fintek Corp. prestó un servicio de manera gratuita y solo cobraba un 0.5% a los comercios que utilizaban la plataforma Listo Wallet.
El abogado Lara alegó que su cliente tiene arraigo familiar y laboral, además de ser un empresario del cual dependen unas 2,000 personas, por lo que no tiene intención de salir del país.
El propio Attie, al hacer uso de la palabra, dijo que su familia tiene más de 40 años de vivir en Panamá y que solo quiere limpiar su nombre de los señalamientos que se le hacen.
Mientras que Arturo Sauri Muñoz, abogado de Oliva, alegó que su cliente ha comparecido a la fiscalía desde que conoció de la existencia de la investigación y que incluso renunció al fuero electoral en el año 2024, cuando corrió para el cargo de diputado por San Miguelito para permitir a la fiscalía adelantar las diligencias.
Por su parte, Julio Macías, abogado de Becerra, dijo que su cliente requería que se le levantara el impedimento de salida del país, ya que mantiene compromisos en el extranjero que requiere atender y que su cliente tiene arraigo familiar y laboral en Panamá.
