El Tribunal de Cuentas ordenó el cierre y archivo de la investigación seguida a 253 personas, entre ellas los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Ricardo Fábrega, Juan Pablo Mora, Roberto Moreno Olivares y Ventura Vega, así como a 24 personas jurídicas, por presuntas lesiones patrimoniales en el proceso de compensación de los buses conocidos como “diablos rojos”.
Actualmente, Fábrega se desempeña como asesor del presidente José Raúl Mulino, mientras que Vega es secretario general de la Contraloría General de la República.
Mediante un fallo fechado el lunes 27 de enero, firmado por los magistrados Rainier del Rosario Franco, Álvaro Visuetti Zeballos y Pablo Chen Vallarino, el tribunal concluyó que no existió una lesión patrimonial en el proceso de compensación de buses.
La Fiscalía de Cuentas había remitido al Tribunal de Cuentas, en enero de 2022, la vista fiscal con las consideraciones por las cuales, a su juicio, los investigados debían responder por los perjuicios ocasionados al patrimonio del Estado.
A través del auto No. 21-2025, el tribunal determinó que la investigación de la fiscalía no permitió identificar con claridad un daño patrimonial.
En su vista fiscal del 15 de febrero de 2022, la Fiscalía de Cuentas solicitó el llamamiento a juicio de 253 personas por presuntas lesiones patrimoniales al Estado por un monto de $17,920,000, en el proceso de compensación de los “diablos rojos”.
La entonces fiscal Valeska Hormechea solicitó juicio para 224 particulares, seis personas jurídicas, cinco fiscalizadores de la Contraloría General de la República, siete exfuncionarios de la ATTT y 21 concesionarias o prestatarias del servicio de transporte.
Entre 2009 y 2014, como parte del cambio del sistema de “diablos rojos” a Metro Bus en Panamá y San Miguelito, el Estado entregó indemnizaciones a cambio de 2,649 certificados de operación.
El informe de auditoría de la Contraloría No. 029-103-2018-DINAG-DSAE, del 3 de octubre de 2018, reveló que, de los 590 cupos analizados, en 70 no se observaron pagos. De los 520 indemnizados, 462 tenían retrasos en los pagos de placa de transporte público e irregularidades relacionadas con reasignaciones y transferencias a nuevos titulares.
Según la fiscalía, entre las anomalías detectadas en el proceso de compensación figuraban documentos con información manuscrita sobrepuesta, tachones, borrones, textos ilegibles, falta de fecha y ausencia de firma de los representantes de las concesionarias.
En la esfera penal, el caso sigue pendiente de fallo por parte de la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería. La Fiscalía Anticorrupción, durante el juicio celebrado en julio de 2024, solicitó condena para 164 imputados y absolución para otros 15, entre ellos exdirectivos de la ATTT.
