El Tribunal de Cuentas condenó al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Enrique Cucalón, al empresario Cristóbal Salerno y a la empresa Cobranzas del Istmo al pago de $4.4 millones.
A través de una sentencia dada a conocer el pasado 12 de febrero, y que lleva la firma de los magistrados Álvaro Visuetti, Pablo Chen Vallarino y Rainier del Rosario Franco, el tribunal declaró responsables patrimonialmente a Cucalón, Salerno y Cobranzas del Istmo por haber lesionado los fondos del Estado mediante un manejo irregular y negligente de recursos económicos públicos, a través de la ejecución de un contrato suscrito en agosto de 2010 entre la DGI, el Ministerio de Economía y Finanzas y Cobranzas del Istmo para gestionar el cobro de impuestos morosos.
La empresa Cobranzas del Istmo, propiedad de Salerno, fue contratada por la DGI como gestor de cobros por morosidad por un monto de $29.5 millones, pero una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la empresa incurrió en serias irregularidades en el cobro de las morosidades, entre ellas recaudaciones retenidas que no fueron pagadas, otras que se cancelaron por montos menores y en las que la empresa recibió igualmente las comisiones correspondientes.
También se acreditó que Cobranzas del Istmo cobró comisiones que no se ajustaban a los porcentajes acordados en el contrato, recibió pagos de comisiones por morosidades no gestionadas y que hubo duplicidad en la cancelación de dichas comisiones.
En este caso, Salerno acordó la devolución de un total de $20.6 millones, pero dicho monto no alcanzó a cubrir la totalidad de la lesión patrimonial ocasionada por los cobros irregulares realizados por Cobranzas del Istmo.
Luego, a través del comiso de una serie de cuentas vinculadas a Cucalón, se logró la recuperación de otros $6.6 millones, quedando un monto líquido de $2.2 millones, al que se sumaron intereses que arrojaron el saldo final de $4.4 millones.
El tribunal también dispuso la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los procesados hasta el monto de la sanción impuesta.
En septiembre de 2024, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a Cucalón y a Salerno a 100 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, tras considerar que participaron en un esquema complejo de lavado de dinero, el cual no solo involucró el manejo de fondos ilícitos, sino que también incluyó acciones destinadas a su inserción en el mercado financiero nacional.
Esta sentencia se encuentra pendiente de resolver un recurso de casación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentado por la defensa de Cucalón y Salerno.
Previamente, en 2018, ese mismo juzgado declaró penalmente responsable a Cucalón como autor de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, imponiéndole una pena de 96 meses de prisión, y validó un acuerdo de pena de 48 meses para Salerno, que a su vez fue reemplazado por una multa, como parte del proceso seguido por irregularidades en el cobro de impuestos morosos por parte de la empresa Cobranzas del Istmo.
