Un tribunal de juicio declaró culpables a tres extranjeros por el delito contra el ambiente y la delincuencia organizada por la venta ilegal de más de seis toneladas de aletas de tiburón que fueron capturadas en aguas panameñas.
Durante un juicio que se inició el pasado 27 de abril y que concluyó el 22 de octubre, el tribunal de juicio declaró culpables a dos mujeres y un hombre, tras concluir que las evidencias aportadas por el Ministerio Público demostraron que los sancionados pertenecían a una red criminal dedicada a la pesca y comercialización de especies acuáticas en peligro de extinción.
Según la investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada a través de la operación Shark, la red obtuvo beneficios económicos por un monto de $135 mil.
La investigación del Ministerio Público logró establecer que esta actividad criminal ocasionó un grave perjuicio al medio ambiente, ya que la actividad se realizaba sin ningún tipo de autorización y control.
La lectura de la sentencia de los sancionados se realizará el próximo 11 de noviembre.
La Ley 9 de 2006 prohíbe la práctica conocida como aleteo del tiburón, que consiste en cortar las aletas de los ejemplares capturados vivos, cuyos cuerpos son luego arrojados al mar.
En su artículo 14, la Ley añade que “quedan prohibidos para cualquiera persona natural o jurídica, nacional o internacional, domiciliada en la República de Panamá, el procesamiento y la comercialización de los productos derivados de la práctica comprobada del aleteo de tiburón” y resalta que quien incurra en estas acciones será sancionado con multas de hasta 100 mil dólares.
En agosto pasado, el Ministerio de Ambiente ubicó en un puerto de la provincia de Colón un cargamento de 109 sacos con aletas de tiburón que pretendían ser enviados a Malasia. El caso fue enviado al Ministerio Público para iniciar las investigaciones y ubicar a los responsables del embarque.
