Un tribunal de juicio declaró no culpables a Julio Caballero, Rodolfo Chamorro y Julio Palacios por la presunta comisión del delito de peculado doloso en perjuicio del Estado, tras la ubicación de 509 bolsas de alimentos del Programa Panamá Solidario en una residencia del corregimiento de San Francisco, que eran repartidas por el gobierno pasado a raíz de la pandemia de covid-19.
Los jueces Viterbo Quintero, Fernando Basurto y Bostón Estribí concluyeron que la Fiscalía Anticorrupción −a cargo de la investigación− no pudo acreditar la vinculación de los imputados con la comisión del delito de peculado doloso.
La decisión de los jueces se dio luego de analizar más de 38 pruebas de la fiscalía y otras 20 evidencias presentadas por los abogados defensores.
En su teoría del caso, la fiscalía alegó que las bolsas con alimentos que pertenecían al Programa Panamá Solidario fueron desviadas a una residencia en el corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá.
En una inspección efectuada por la fiscalía a la residencia de Caballero −quien se desempeñaba en la Oficina de Electrificación Rural (adscrita al Ministerio de Obras Públicas)− se ubicó una gran cantidad de bolsas con alimentos.
Durante el juicio −que se inició el pasado martes 2 de julio− los abogados defensores Ángel Alvarez, Alex Sánchez y Nadia Castillo alegaron que sus clientes no habían incurrido en delito alguno y que no se habían apropiado de las bolsas de comida.
El tribunal fijó para el próximo 23 de julio de 2024 la audiencia para la lectura de la sentencia.
Esta fue una de las primeras investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la mitigación de los efectos de la pandemia de covid-19 que llegó a los tribunales de justicia.
Durante la pandemia, el gobierno de Laurentino Cortizo destinó recursos para la entrega de bolsas de comida a las personas de escasos recursos económicos y cuya movilidad se vio restringida para evitar la difusión del coronavirus.
