El Tribunal Superior de Apelaciones rechazó este lunes una solicitud de aplicar una detención provisional al exdirector del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, en el proceso que se le sigue por la comisión del presunto delito de peculado.
Sin embargo, Meneses mantiene la medida cautelar de detención preventiva por cargos de presunto enriquecimiento injustificado.
Con respecto al caso de presunto peculado, el pasado 29 de septiembre de 2025, la Fiscalía Anticorrupción fracasó en su intento de que un juez de garantías le impusiera a Meneses la medida cautelar de detención preventiva.
Meneses mantiene procesos judiciales por la comisión de los presuntos delitos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. Es este último proceso en el cual al exdirector del Ifarhu se le ordenó la medida de detención provisional; en los otros dos se le impusieron medidas cautelares menos severas, como la notificación periódica y la prohibición de salir del país.
El pasado 17 de julio, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Greta Marchosky, Gustavo De Gracia y Yiles Pitti consideraron que la medida de detención preventiva, aplicada por un juez de garantías el pasado 8 de junio, es la más idónea para mantenerlo vinculado al proceso.
En ese momento, la decisión de los magistrados Marchosky De Gracia y Pittí se fundamentó en que la fiscalía, en su investigación, logró aportar evidencias que vinculan a Meneses con la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado durante el período que ocupó el cargo de director del Ifarhu.
Los magistrados estimaron que existe un riesgo de obstaculización de la obtención de pruebas relacionadas con la asignación de auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.
Los magistrados también tomaron en consideración datos aportados por la fiscalía, en los que se detalla que Meneses realizó transferencias por un monto de $83 mil a través del sistema de transferencias conocido como Yappy, y que algunas de esas transferencias involucraron a personas beneficiarias de los auxilios económicos.
