El Tribunal Superior de Apelaciones, conformado por los magistrados Giovannina Antinori, Carlos Rivas y Yiles Pittí, confirmó las medidas cautelares personales dictadas por un juez de garantías a ocho ciudadanos imputados en la “Operación Furia”.
Se trata del exdirector de la Policía Nacional, Omar Pinzón; el exdirector del Servicio Nacional de Fronteras, Frank Ábrego; el exjefe del Servicio Nacional Aeronaval, Belsio González. Entre los investigados se encuentran también: Jack Btesh Arosemena, Rafael Bárcenas, Luis Alberto Zegarro, Roberto García Dapena y Juan Osvaldo Pineda. Todos están imputados por la presunta comisión del delito de posesión y tráfico de armas y explosivos.
Tras 10 horas de audiencia celebrada el jueves 23 de julio, por modalidad virtual, los magistrados del tribunal negaron las solicitudes de apelación sobre medidas cautelares de cinco defensores particulares, argumentando que no les asiste razón a los defensores en los recursos presentados.
El tribunal también atendió la apelación de la fiscalía que solicitaba una detención provisional para los imputados que hoy tienen una medida menos severa.
Los magistrados consideraron que “la fiscalía no logró sustentar la magnitud ni la gravedad del riesgo de afectación de medios de prueba a efectos de obtener el cambio de la medida cautelar de retención domiciliaria por la de detención provisional, así como que dicho riesgo se ve salvaguardado por las medidas que fueron impuestas en primera instancia”, se indica en una nota de prensa del Órgano Judicial.
Los 8 imputados por el delito de posesión, tráfico de armas y explosivos, aprehendidos en operación Furia, se mantendrán con las medidas cautelares impuestas en primera instancia por un Juez de Garantías, según decisión del Tribunal de Apelaciones. pic.twitter.com/Cixb6HXlym
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) July 24, 2020
El pasado 16 de julio, el juez de garantías del primer circuito judicial de Panamá, Erick González, decretó las medidas cautelares personales de prohibición de salida del país y retención domiciliaria a seis ciudadanos, mientras que a otros dos se le impusieron las medidas de reporte periódico el primer y tercer jueves de cada mes y la prohibición de salida del país.
Este hecho tuvo su origen en 2019 y guarda relación con una investigación denominada “Operación Furia”, que realiza el Ministerio Público.
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