El Tribunal Superior de Apelaciones reformó una sentencia del liquidado Juzgado Decimoquinto Penal y condenó con pena de 48 meses de prisión al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (Pan) Giacomo Tamburelli, y a 96 meses al empresario Rubén De Icaza, propietario de la empresa Lerkshore International Limited, por el delito de peculado, a través de la suscripción de un contrato para la compra de comida deshidratada para las escuelas públicas por un monto de $44 millones.
En un fallo, con fecha del pasado 27 de junio de 2022, el Tribunal Superior de Apelaciones reformó un fallo del Juzgado Decimoquinto Penal del 17 de septiembre del 2019, dictada por el entonces juez Leslie Loaiza que absolvió a los implicados en este caso.
Sin embargo, esta sentencia fue apelada por el entonces fiscal anticorrupción Adecio Mojica, que objetó la decisión adoptada por Loaiza, lo que llevó el caso al Tribunal Superior de Apelaciones.
De acuerdo con el fallo, los sancionados actuaron de forma negligente e imprudente y falta de pericia en la ejecución de proyecto, lo que provocó una lesión patrimonial de $44 millones al Estado.
