Un nuevo varapalo judicial sufrió Ricardo Martinelli, luego que el Primer Tribunal de Justicia decidiera no admitir un amparo de garantías constitucionales (con este ya son cinco) presentado por el equipo de abogados del expresidente, contra decisiones adoptadas por la juez penal Baloisa Marquínez durante el juicio del caso New Business.
Por este proceso, Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones, por blanqueo de capitales.
En esta ocasión, el amparo presentado por Martinelli alega que la juez Marquínez violó sus garantías constitucionales al no permitir a sus abogados interrogar a los testigos protegidos identificados con los números N-Fecdo-01-2020 y N-Fecdo-10-2020, durante el juicio celebrado entre el 23 de mayo y el 2 de junio de 2023.
El fallo, avalado por los magistrados Lilianne M. Ducruet, Miguel Espino y Juan Carlos Tatis, no admitió el recurso presentado por la abogada Lisbeth Querube Remis, en representación del exmandatario, y confirmó una decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales (que ya había dado la razón a la juez Marquínez) del 24 de octubre del 2023.
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, a cargo de los magistrados José Hoo Justiniani, Manuel Mata Avendaño y Eyda Amarilis Juárez, rechazó un incidente de nulidad presentado por Martinelli, en el que pedía anular todo el proceso por esta causa.
En esa ocasión, los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación alegaron que la no comparecencia al juicio de ambos testigos protegidos “no representó en modo alguno la indefensión de las partes ni comprometió el derecho de defensa material y técnico, hasta el punto de afectar el debido proceso”.
Este es el quinto amparo de garantías que tanto el Primer Tribunal como la Corte Suprema de Justicia le rechazan al exmandatario en el caso New Business, en el que se probó el usó de fondos públicos para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010.
Martinelli es el beneficiario del 60% de las acciones de Epasa. La juez Marquínez ordenó el comiso de dichas acciones. El 40% restante ya está en poder del Estado.
El expresidente también presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte, en el que alega supuestas inconsistencia en el fallo (ratificado ya en dos instancias) que lo condenó a él y a otras cuatro personas por el delito de blanqueo de capitales.
La casación se encuentra en manos de la magistrada Ariadne García, quien debe decidir si la admite o no.
