El Primer Tribunal Superior de Justicia revocó un fallo del Juzgado Quinto Penal que declaró causa compleja la investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos asignados a junta comunales del país, que habrían originado una lesión patrimonial al Estado por $3 millones en la provincia de Panamá.
El fallo del Tribunal, con fecha del pasado 3 de junio de 2020 y firmado por la magistrados Liliane Ducruet, Miguel Espino y Nora Jovel de Espinal, dejó sin efecto una sentencia del 27 de febrero de 2019 suscrita por el juez quinto penal, Enrique Paniza, que decretó causa compleja la referida investigación en la provincia de Panamá y le concedió a la fiscalía un año para investigar.
De acuerdo con los magistrados del Primer Tribunal, el juez Paniza aplicó de manera errónea disposiciones del sistema penal acusatorio (SPA) para decretar como causa compleja esta investigación, a pesar de que dicho sistema aún no se había implementado en el Primer Distrito Judicial (Panamá, Colón, Panamá Oeste, Darién y las Comarcas Guna Yala, Emberá Wounaan y Madugandi).
A juicio del tribunal, Paniza violó el artículo 32 de la Constitución, ya que se equivocó, tanto en su interpretación de la norma, como en su aplicación, e incurrió en una violación al debido proceso.
El fallo destaca, en tal sentido, que el juez Paniza sostuvo que el SPA entró a regir el 2 de septiembre de 2011 en todo el país, pero dicho sistema realmente entró en vigencia en el Primer Distrito Judicial el 2 de septiembre de 2016, es decir, una fecha posterior a los hechos investigados.
Según el propio fallo, las investigaciones para el manejo irregular de fondos en las juntas comunales se iniciaron de oficio el 15 de junio de 2014, tras publicaciones periodísticas.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga presentó un recurso de apelación contra el fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia por considerar que la investigación debe mantenerse como causa compleja.
Un informe de la Contraloría General de la República estimó que las presuntas irregularidades en el manejo de fondos en las juntas comunales entre los años 2009 y 2014 provocaron una lesión patrimonial de $25 millones en todo el país.
