El Primer Tribunal Superior de Justicia no concedió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Jaime Powell (alias Yunya), investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, interpuesto contra un juez de garantías que determinó que en dicha investigación no existió una afectación de sus derechos fundamentales.
El fallo, con fecha del 31 de marzo pasado y con la ponencia del magistrado Miguel A. Espino, respaldó la decisión de la juez de garantías Tulia Morelos, quien determinó que la Fiscalía de Drogas no había violado las garantías fundamentales de Powell al llevar una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, cuando en España se le sigue un proceso por el mismo delito.
La defensa de Powell argumenta que las garantías fundamentales de su cliente fueron violentadas, al sostener que se le está sometiendo a un doble juzgamiento, ya que existe un proceso en España y otro en Panamá por la presunta comisión del mismo delito.
Sin embargo, los magistrados del Primer Tribunal advierten que, en este caso, dicho principio no es aplicable, pues cada país tiene su propio sistema jurídico y sus propias leyes. Así, lo que es considerado un delito en un país puede no serlo en otro.
Además, señala que la aplicación del principio de doble juzgamiento tiene una aplicación limitada en el ámbito internacional debido a la soberanía de los Estados, la falta de armonización legal y la complejidad de los delitos transnacionales.
También plantea que, en la investigación adelantada en Panamá, a Powell se le ha permitido el derecho a la defensa e incluso puede rendir una declaración en España, la cual puede realizarse a través de medios electrónicos y ser recibida por el Ministerio Público.
Powell mantiene la calidad de indiciado dentro de la denominada investigación Éxodo, que desmanteló una red ligada a presuntas actividades de tráfico de drogas, entre cuyos cabecillas figura Juan Vicente Blandford, quien supuestamente desde la cárcel daba directrices a Powell y a Anthony Meza, este último detenido en Dubái.
Según la investigación de la Fiscalía, esta red criminal enviaba drogas desde puertos ubicados en la provincia de Colón hacia Europa.
De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, en Dubái se inició la operación denominada Desertlight, mientras que en España a la misma se le denominó operación Faucas; en ambas se vincula a la misma red criminal.
El 25 de abril de 2024, la juez de garantías Yanina Moquera imputó cargos a 32 personas y ordenó la detención provisional de 14 de ellas dentro de la operación Éxodo.
Este grupo criminal, que operaba en la provincia de Colón, recibía droga proveniente de Colombia y la introducía en contenedores con destino a Europa. La red criminal usaba un servicio de mensajería encriptada para mantener sus comunicaciones sin interferencia de las autoridades.
La Fiscalía de Drogas solicitó asistencia judicial internacional a las autoridades españolas y de Dubái para obtener detalles de las investigaciones llevadas a cabo en esos países contra este grupo criminal.
