El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un fallo del Juzgado Primero Liquidador y absolvió a la exministra de Vivienda Yasmina Pimentel, pero mantuvo las sentencias condenatorias, con penas de 60 y 48 meses de prisión, a 10 exfuncionarios por el delito de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en el programa Piso y Techo.
La exministra Pimentel fue sancionada por la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, con una pena de 10 años de prisión, pero sus abogados presentaron una apelación contra ese fallo.
A través del edicto No. 1,376, colgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador, se informa a las partes de la decisión asumida por el Tribunal Superior de absolver a la exfuncionaria.
El edicto también detalla que se mantiene la condena de 60 meses de prisión para Antonio José Rodríguez, Isidro De León y Álvaro Checa, por el delito de peculado culposo en perjuicio del PAN.
En tanto, se aplicó una pena de 48 meses de cárcel a Marcos López, Alirio Díaz, Franklin Camarena, Carlos Araúz, María De Gracia, Leidi Zapata y Elizabeth Guerra, también por el delito de peculado culposo.
El tribunal también decidió sancionarlos con la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período de la pena principal.
La investigación se inició a través de una denuncia anónima en la que se detalló que, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en el período 2012-2014, se dieron graves anomalías en el manejo de fondos asignados para el suministro de techos y materiales de construcción, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
En la investigación, la Fiscalía Anticorrupción logró aportar como prueba un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se detectó un perjuicio a los fondos del Estado por la suma de $1.5 millones.
Estos recursos debían ser destinados a programas de asistencia social, a través del PAN, para familias de escasos recursos y residentes en áreas apartadas del país.
El juicio se realizó el 18 de abril de 2023, en el cual la Fiscalía Anticorrupción presentó un cúmulo de pruebas documentales y testimoniales sobre el manejo dado a los materiales y equipos que fueron entregados al Miviot, pero que nunca se usaron en los proyectos sociales para los que estaban destinados.
Con base en estos elementos, la jueza Rentería dictó un veredicto condenatorio para la totalidad de los investigados.
Tras la administración gubernamental 2009-2014, se abrieron 12 investigaciones por irregularidades en el manejo de fondos y la entrega de insumos en contratos asignados por el PAN.
En la mayoría de estas investigaciones se analizó la presunta participación de exfuncionarios y particulares en la obtención de contratos con sobrecostos.
Entre las investigaciones realizadas están los contratos del PAN para la compra de granos, instrumentos musicales, comida deshidratada (dos expedientes), mejoras en Chitré, provincia de Herrera, blanqueo de capitales, compra de llantas y bolsas de comida.
