La investigación por presuntos abusos contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen dio un nuevo paso. Un juez avaló que la fiscalía a cargo de la investigación, revise audios, videos, imágenes y correos electrónicos vinculados al caso.
El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fermín Bonilla, tomó la decisión durante una audiencia que se celebró el lunes 16 de marzo en la que evaluó tres solicitudes presentadas por el Ministerio Público. Todas se relacionan con el rol que ejerció Ana Fábrega en la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Fábrega, quien renunció al cargo el pasado 3 de marzo, fue denunciada por la diputada Alexandra Brenes posibles delitos contra menores en el albergue de Tocumen.
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Bonilla concluyó que las solicitudes se presentaron a tiempo y cumplieron con los requisitos legales. Por eso, dio luz verde para que los fiscales utilicen como evidencia material extraído de dispositivos y cuentas digitales, como correos electrónicos, audios y videos.
En la audiencia participaron la fiscal Elisa Arosemena, la abogada Tania Castillo en representación de Fábrega, y la defensora pública Shantal Acevedo, quien actuó en nombre de las víctimas del CAI.
El caso se inició en febrero de 2026, luego de que Brenes denunció sobre irregularidades en albergues bajo custodia del Estado. En particular, las alertas se centraron en el CAI de Tocumen, donde se reportaron condiciones de abandono y fallas en la aplicación de protocolos internacionales para proteger a niños, niñas y adolescentes.
La Asamblea Nacional ratificó el lunes a la nueva directora de Senniaf. Se trata de Lilibeth Cárdenas, quien en el pasado ejerció como viceministra de la Mujer.
