El Primer Tribunal Superior de Justicia concedió un amparo de garantías a Daniel Ochy Diez, investigado por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business, y ordenó al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales anular todo lo actuado en la primera audiencia preliminar de este caso, celebrada el pasado 27 de enero de 2022.
En aquella audiencia, la jueza Baloisa Marquínez decretó la ruptura procesal respecto a Ochy y decidió que su caso se llevaría separado al del resto de los procesados. Pero el Primer Tribunal, en un fallo bajo la ponencia de la magistrada Melina Elisa Robinson, plantea que la ruptura procesal no se podía aplicar.
Agrega que la decisión de Marquínez contradice los artículos 17 y 32 de la Constitución. Según el fallo, la ruptura procesal solo puede ser dispuesta por el juez cuando se alcancen medios alternos de solución de conflictos, cuando el investigado presente enfermedades mentales o se encuentre en paradero desconocido.
Recalca que la ruptura de la unidad procesal constituye una situación excepcional, que únicamente es procedente ante situaciones singulares dentro del desarrollo del proceso. Así, Robinson ordenó a Marquínez “reponer” la audiencia.
Sin embargo, los magistrados del Primer Tribunal reconocen que Marquínez buscaba proteger las garantías fundamentales del resto de los procesados y no retardar el proceso.
La audiencia preliminar por este caso de presunto blanqueo de capitales se inició el jueves 27 de enero de 2022, en la sede del Parlamento Latinoamericano, con la presentación de los alegatos por parte del Ministerio Público. En ella participaron un total de 16 defensores técnicos particulares y 4 defensores públicos.
En esa ocasión, Marquínez decretó la ruptura procesal para el expresidente Ricardo Martinelli, luego de que este alegó tener fuero electoral penal; este fuero fue ratificado por el Tribunal Electoral, en una decisión que fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad.
En aquella audiencia de enero pasado también se decretó la ruptura procesal respecto a Ochy, luego de que no se le pudiera notificar de ese acto. Luego, la audiencia fue reprogramada para el 19 de mayo pasado, pero debió ser suspendida por la no comparecencia de cuatro abogados defensores, quienes fueron multados por la jueza Marquínez. La audiencia se debe reanudar el 4 de julio.
Abogados ligados a este caso explicaron que ahora Marquínez deberá dejar sin efecto todo lo actuado en la audiencia preliminar del 27 de enero de 2022. Es decir, que la audiencia preliminar de este caso, que data de 2017, debe iniciar otra vez con los alegatos del Ministerio Público.
