Las pérdidas de reses estaba en aumento por una lógica conocida: el avance del cuatrerismo en zonas rurales. Sin embargo, esa simple lectura comenzó a resquebrajarse. Lo que se asumía como un delito tradicional hoy apunta, a una red más sofisticada, en la que no solo habría logística organizada, sino también la presunta participación de funcionarios de distintas esferas, cambiando radicalmente la naturaleza de los casos hasta ahora reportados.
Un total de siete personas fueron condenadas a penas de 48 y 60 meses de prisión y otras siete quedaron imputadas por el delito de asociación ilícita quienes eran parte de una red criminal dedicada al hurto pecuario en las provincias de Los Santos y Herrera.
El juez de garantías, Bosco Monterrey, validó acuerdos de pena a siete de los investigados e imputó cargos a otras siete personas, entre ellas tres funcionarios, quienes manejaban una red dedicada al hurto de ganado vacuno en la región de Azuero.
Entre los imputados figuran un funcionario de la Caja de Seguro Social, a quien la fiscalía señala como presunto cabecilla; un funcionario de la Alcaldía de Pesé, en la provincia de Herrera; y otro del Municipio de Los Santos; a quienes se les acusa de colaborar con la estructura criminal para la movilización del ganado hurtado.
La participación de funcionarios municipales sería clave.
En Panamá, la emisión de la Guía de Degüello y Embarque de ganado, gestionada en las tesorerías municipales, no solo es un requisito previo al sacrificio, sino también un punto neurálgico donde converge la actuación de funcionarios y el control sobre la legalidad del ganado movilizado.
También entre los imputados figura un médico veterinario, transportistas y jornaleros quienes se encargaban de la movilización de los animales hurtados.
Durante la audiencia el juez Monterrey también aplicó medidas cautelares de reporte periódico a otros siete implicados, quienes no se acogieron a acuerdos de pena y prefirieron enfrentar un juicio.
A los imputados se les formularon cargos por los delitos de hurto pecuario, asociación ilícita, asociación ilícita para delinquir, falsedad de documentos y corrupción de funcionarios.
La investigación, que se inició en el año 2024, incluyó allanamientos en los poblados de El Carate, Peña Blanca en la provincia de Los Santos y Pesé en la provincia de Herrera.
También se realizaron inspecciones oculares en la alcaldías de Las Tablas, Pesé y el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) de Los Santos en donde ubicaron documentos relacionados con la tenencia del ganado hurtado.
La información del ISA es otro punto neurálgico, al tratarse de una entidad que maneja información del valor del ganado que está asegurado.
El Ministerio Público logró vincular a los imputados con siete eventos delictivos en las provincias de Los Santos y Herrera.
Las investigaciones de la fiscalía revelaron que los funcionarios imputados ayudaban a legalizar el registro del ganado hurtado para luego poder venderlo a través de la subasta ganadera.
La operación judicial requirió la participación de funcionarios de la Policía Nacional y el Ministerio Público que lograron ubicar evidencias relacionadas con la sustracción del ganado.
