Un juez de garantías imputó cargos y aplicó medidas cautelares de reporte periódico a ocho personas, entre ellas cuatro funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), por la presunta comisión del delito de peculado, por la sustracción y venta de vigas tipo H que estaban almacenadas en un patio en Farfán, en Veracruz.
Durante una audiencia celebrada, ayer martes, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, el juez dispuso aplicar la medida cautelar de notificación periódica los días 15 y 30 de cada mes a los imputados.
En la audiencia, la fiscalía imputó cargos por peculado doloso a los cuatro funcionarios del MOP y por peculado culposo a los cuatro particulares.
Sin embargo, el Ministerio Público anunció un recurso de apelación contra las medidas cautelares otorgadas por el juez de garantías, por considerar que se trata de un delito grave y que, como funcionarios, los imputados debieron velar por su seguridad de los bienes públicos, por lo que solicitará su detención provisional.
Los imputados fueron aprehendidos por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en allanamientos realizados en Panamá, Panamá Oeste y Veraguas.
Las autoridades, incluyendo el MOP, la Policía Nacional y el Ministerio Público han logrado recuperar 374 vigas de las 600 que fueron sustraídas de un patio del MOP, ubicado en Farfán, Veracruz.
Por este caso, la fiscalía logró la imputación de cargos para 17 personas, de las que permanecen detenidas el exrepresentante de Veracruz Ronald González y su hermana Brenda González. También están detenidos Alberto Ábrego, quien laboraba como seguridad en el MOP; Byron Pineda, exfuncionario de la Junta Comunal de Veracruz; Gary Ismare, Víctor Pittí, Roy Obando y Víctor Moreno. El resto de los procesados gozan de medidas cautelares de reporte periódico.
La fiscalía ubicó cuentas bancarias de varios de los imputados que actuaron como testaferros para desviar el dinero a terceras personas que fueron las que organizaron la sustracción y venta de las vigas.
Las pesquisas han revelado que para la movilización de las vigas —de 22 pies de largo— se requirió de equipo pesado y que camiones con capacidad para trasladarlas realizaron varios viajes.
Algunas de las vigas fueron vendidas a empresas recicladoras de metal, cuyos propietarios alegaron que desconocían su procedencia.
Algunas de las vigas han sido ubicadas en áreas de difícil acceso; otras han sido cortadas en pedazos más pequeños que su tamaño original, para facilitar su transporte.
Las 600 vigas, que tenían un valor de $3 millones, se encontraban en un patio del MOP en Farfán, de donde desaparecieron misteriosamente y luego fueron ubicadas en recicladoras de metal y abandonadas en varios puntos del país.
