Organizaciones de la sociedad civil enfatizaron que el expresidente de la República Ricardo Martinelli sigue sin ser requerido por la justicia panameña debido a la llamada "ley blindaje", que lo protege por su condición de miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
“Es por esto que hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que actúe y llame ante los estrados de la justicia a Martinelli”, destacaron los miembros de de una veintena de organizaciones, como la Alianza Ciudadana Pro Justicia y Movin por Panamá, a través de un comunicado divulgado en conferencia de prensa el miércoles 16 de septiembre.
Agregaron que la lentitud por parte de la Corte Suprema de Justicia en atender esas denuncias contra Martinelli está generando percepción de impunidad.
PIDEN FALLO
Las organizaciones piden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fallen sobre la inconstitucionalidad de toda la Ley 55 de 2012 o ley blindaje, “ya que sigue afectando las investigaciones contra diputados y miembros del Parlacen”.
Los grupos organizados piden el veto presidencial al proyecto de ley 214, que modifica la Ley 55 y establece prerrogativas a diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la República al momento de ser procesados.
Reiteraron su solicitud de pedirle al presidente Juan Carlos Varela que vete la nueva ley blindaje, lo que debe obligar a la Asamblea Nacional “a discutir nuevamente este tema, tomando en consideración que los diputados deben enfrentar la justicia, como todos los ciudadanos, sin fueros ni privilegios”.
“Le solicitamos también al señor Presidente que nombre cuanto antes a los dos nuevos magistrados/as que necesita la Corte Suprema, cuyos nombramientos realizados con transparencia y consulta ciudadana, ayuden a mejorar la imagen y el actuar de este Órgano del Estado”, indicaron en un comunicado difundido tras una conferencia de prensa que realizaron la tarde del miércoles 16 de septiembre.
El comunicado fue avalado por Alianza Ciudadana Pro Justicia, Alianza Estratégica Nacional, Asociación de Comunidades de Áreas del Canal, Asociación de Abogados Litigantes de Panamá, Asociación Conciencia Ciudadana Centro de Estudios y Capacitación Familiar, Centro de la Mujer Panameña y el Centro de Estudios Promoción y Acción Social Panameño.
También por la Comisión Nacional Pro Valores Civicos y Morales, Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Comité Salvemos el Río La Villa, Escuela de Ciudadanía de Panamá, Espacio Encuentro de Mujeres, Fundación para la Equidad de Género, Fundación Instituto para el Estudio de las Ciencias Sociales, Frente Herrerano Anticorrupción, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Juventud Democrática Popular y Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad.
Otros miembros son el Movimiento Ascanio Villalaz Paz, Movimiento de Desarrollo Integral Ngäble-Buglé y Campesino, Movimiento Institucionalidad y Justicia, Movimiento Democrático Popular, ONG Independientes por Panamá y Unión Nacional de Mujeres Panameñas.