5:30 p.m. - Los ex magistrados del Tribunal Electoral (TE), Denis Allen y Guillermo Márquez A., coinciden en que el debate de la segunda vuelta electoral rebasa el tema legal-electoral y que su análisis debe hacerse desde un punto de vista constitucional.
Es más, Allen opina que lo pertinente antes de que se inicie una discusión en la Asamblea Nacional- sería que el Órgano Legislativo hiciera una consulta al Órgano Judicial sobre este tema.
Apunta Allen que a su juicio el tema es constitucional porque debe analizarse si cuando los constituyentes de 1946, 1972, 1982 y 1983 establecieron que el presidente de la República se elegiría por mayoría (artículo 277 de la Carta Magna) estaban interpretando el término como mayoría simple o mayoría absoluta.
Si la Constitución de 1946 y 1972 hablan de mayoría absoluta el presidente de la República debería haber sido electo por la mitad más uno de todos los que fueron a votar, y desde 1904 hasta la fecha esa no ha sido la interpretación constitucional ni legal, ni la costumbre política. Aquí los presidentes han sido electos por mayorías simples y con esa mayoría simple han sido legitimados por el sistema electoral, remarcó.
Márquez lo dice de otra forma: En todas o en casi todas las contiendas electorales en que ha habido más de dos candidatos, siempre el que ha llegado a la mayoría de votos, independientemente de que no alcance el 50%, es quien ha sido proclamado presidente de la República para el correspondiente período.
Ernesto Pérez Balladares fue electo en 1994 con el 33.3% de los votos emitidos; Mireya Moscoso alcanzó la presidencia en 1999 con el 44.8% de los sufragios; en tanto que Martín Torrijos llegó a la silla presidencial con el 47.44%. Ricardo Martinelli obtuvo en 2009 un respaldo del 60% de los votantes.
La Constitución dice que el presidente ha de ser electo por mayoría de votos, sin mayores explicaciones indica Márquez-, y ese es el mismo texto que se ha utilizado desde 1904 en las distintas elecciones que ha tenido la República.
El pasado lunes 23 de mayo la Asamblea Nacional empezó un período de sesiones extraordinarias en las que se apresta a debatir una propuesta de reformas electorales, y tres diputados de gobierno, entre ellos el presidente de la Asamblea, José Muñoz, anunciaron que propondrán la segunda vuelta para 2014.
Sus declaraciones desataron la polémica, que alcanza a los aliados del gobernante Cambio Democrático -el Partido Panameñista- que instaló una comisión para analizar el tema y debe pronunciarse en un máximo de 15 días.
Magaly Janneth Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que los políticos se desgastan discutiendo la segunda vuelta, cuando lo que deben aprobar pronto es cómo controlar el financiamiento privado y cómo establecer tope a los gastos de campaña, y otros mecanismos para que no se infiltre el dinero del narcotráfico en la política panameña.
La segunda vuelta se debe discutir en el debate de unas reformas constitucionales, aseveró.
Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), asegura que la segunda vuelta electoral vulnera la Constitución, pero su partido está consciente que al presidente Ricardo Martinelli no le importa la Constitución, ni la Concertación ni los diálogos.
Desde el punto de vista político es para hacerle daño al PRD porque él ha confesado que con la segunda vuelta no volverá al poder; además, porque no quiere cumplirle el pacto a Juan Carlos Varela, ya que una segunda vuelta lo condenaría a no llegar a la presidencia, agregó.
De acuerdo con Sánchez Cárdenas, el otro objetivo de Martinelli con poner en el tapete este tema es desviar la atención de la ciudadanía de los escándalos de su gobierno, como es el de David Murcia, el de Eva Lorentz y el de Salo Shamah, de los cuales no se habla ya.
Precedente Tanto Allen como Márquez advierten que hay un precedente en el tema de la segunda vuelta y el tipo de mayoría para elegir al presidente de la República: una sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia, del 18 de noviembre de 1994, que decidió un recurso de inconstitucionalidad presentado por el entonces diputado Guillermo Cochez contra un artículo del Código Electoral que señalaba que la proclamación del presidente se haría en base al que hubiera sacado más votos.
Él sostenía en ese recurso que ese artículo no debía estar allí porque mayoría significaba más del 50%. En aquel momento la Corte, con una sentencia unánime, dispuso que no había ninguna inconstitucionalidad en el artículo, porque debía entenderse en su sentido natural, y era que mayoría de votos significa mayoría de votos, y que si [en el artículo se] hubiera querido decir que si no se alcanza el 50% habrá que hacer una segunda vuelta, lo hubiera dicho; lo cual es además consistente con una doctrina del derecho (del bloque de la constitucionalidad) de acuerdo con la cual aquello que ha sido reconocido por la costumbre es parte del texto constitucional, y desde 1904 veníamos reconociendo que la mayoría simple de votos era la que hacía decidir quién era el presidente electo de la República, explicó Márquez.
Lo que me disgusta de esto es que se esté apostando a que como los magistrados de ahora no son los mismos que estaban en 1994 respecto a cuyos nombramientos ha habido críticas- éstos sí vayan a aceptar que es constitucional lo que se plantea, advierte Márquez.
Agrega que los magistrados jurídicamente podrían emitir un pronunciamiento contrario al de 1994, pero eso no contribuiría a la solidez de las instituciones, sino más bien produciría inestabilidad e intranquilidad en la ciudadanía que terminaría cuestionando cómo es que la Corte puede cambiar sus fallos sobre un mismo tema.
Allen, en tanto, enfatiza en que si se da el proceso de discusión y debate en la Asamblea y se llega a aprobar una ley, los sectores de la sociedad panameña que se opongan podrían recurrir ante la Corte con una demanda de inconstitucionalidad para que ese organismo interprete en qué ámbito debe darse el debate, en el de una reforma electoral o en el de una reforma constitucional.