1:00 p.m. - La designación de un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que reemplace a José Abel Almengor -quien puso su cargo a disposición del Presidente el jueves de la semana pasada- se realizará sin la convocatoria de la Comisión Especial de Credenciales creada por este mismo gobierno en septiembre de 2009, a fin de examinar la acreditación de los aspirantes al cargo.
Lo anterior se desprende la Resolución 67 del Consejo de Gabinete, de fecha 19 de abril de 2011, publicada en la Gaceta Oficial número 26768-B, que derogó la Resolución de Gabinete 121 del 18 de septiembre de 2009 y la Resolución 133 del 13 de octubre de 2009, que reglamentaban el procedimiento para acordar los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, con sujeción a la Asamblea Nacional.
En otras palabras, para la escogencia de este nuevo magistrado no se convocará a la sociedad civil ni la Asamblea Nacional tendrá que ratificar el nombramiento que haga el Consejo de Gabinete, como ocurrió con el propio Almengor y con el actual Alejandro Moncada Luna, y sus respectivos suplentes, en 2009.
El argumento del gobierno es garantizar el carácter expedito e ininterrumpido en el funcionamiento de la administración de justicia, y se fundamenta en el numeral 2 del artículo 200 de la Constitución Política, que faculta al Presidente de la República para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Dicha resolución de Gabinete lleva la firma de todos los ministros, con excepción del de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y la de Gobierno, Roxana Méndez, por quien firmó su viceministro, Luis Ernesto Carles.