Una resolución administrativa –firmada por el rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, y su secretario general, Miguel Ángel Candanedo– aseguró la permanencia automática de “administrativos eventuales con dos años o más de labores en la institución”, evitando con ello concursos y evaluaciones de desempeño.
La medida, publicada en la Gaceta Oficial del pasado 4 de julio, levantó quejas.
Se trata de un “blindaje para funcionarios que tenían que salir por ineficientes”, dijo el exdirector de Asesoría Legal de la UP Vicente Archibold, que añadió que se compromete el presupuesto de la institución. En tanto, la administración saliente de la UP afirma que estos cambios se hicieron anteriormente, pero tardaron en oficializarse.
Cita la resolución, con fecha del 1 de junio pasado, por medio de la que se establece que recibirán la permanencia los administrativos eventuales nombrados en posiciones fijas, transitorias y con fondos de autogestión. Incluso, otorga la permanencia con el salario devengado a administrativos eventuales que “no posean idoneidad, certificado o licencia para ejercer profesiones reguladas por leyes especiales”, y se les dará cuatro años para obtener la licencia requerida (ver facsímil).
Agrega que cuando un servidor público reciba su permanencia, mantendrá el salario devengado a la fecha de recibir la permanencia, incluso, “aunque sea mayor al que corresponde al cargo”. A su vez, asciende de forma permanente a quienes “estén en ascensos temporales en posiciones sujetas a concurso”.
Candanedo restó importancia a las críticas.
La resolución, indicó, está en línea con la reforma efectuada al reglamento de carrera administrativa de la UP, en la que se modificó la obligatoriedad de efectuar concursos para que los administrativos obtuvieran la permanencia.
Específicamente, se incluyó un parágrafo transitorio en el artículo 65 que indica “siempre que existan razones técnicas que afecten la realización de los concursos” el rector puede solicitar la disposición transitoria para darle la permanencia.
Candanedo alegó que se ha hecho justicia con la gente, ya que no se hicieron los concursos requeridos para ascensos de administrativos “por lo menos en los últimos 15 años” por falta de “disponibilidad presupuestaria”, puesto que implica mejoras salariales. No obstante, en la práctica sí se efectuaron estos incrementos en la planilla.
“Eso fue aprobado por lo menos hace mes y medio”, por el Consejo General Universitario, dijo Candanedo, al tiempo que agregó que “la UP no puede funcionar de campaña en campaña”.
Pero la excepción se ha convertido en regla, advirtió la Defensoría de los Universitarios, ya que en tres ocasiones –que han “coincidido” con periodos electorales– se ha dado esta permanencia.
Para el Movimiento de Adecentamiento de la Universidad de Panamá (Movadup), eliminar los concursos para ascender “es un atentado contra la meritocracia y la idoneidad de un servidor público” y los únicos responsables de no hacer concursos son los actuales administrativos “para mantener el edificio clientelar” instaurado por García de Paredes, concluyeron.
Según Movadup, con esta resolución y las modificaciones a la carrera administrativa se protege al “círculo” del rector saliente, que incluye funcionarios de libre remoción, como los vicerrectores.
José Garrido, coordinador del Movadup, instó al rector electo, Eduardo Flores, a que anule estas medidas, aprobadas previo a las elecciones universitarias del 29 de junio.
Para Flores, la resolución así como los cambios al reglamento de carrera administrativa en elecciones universitarias “fue hecho con una intencionalidad politiquera” por la administración saliente, pero que no les resultó.
Flores dijo que no anulará la resolución “porque creo que la carrera administrativa de los servidores públicos siempre ha aspirado que un funcionario a los dos años tenga la permanencia”, pero sí revisará los últimos cambios al reglamento de carrera administrativa que “le dieron poderes absolutos al rector” para trasladar a los funcionarios, lo que se prestaba para “pases de factura”.
La Prensa contactó por correo a la Rectoría, Relaciones Públicas y telefónicamente a García de Paredes, pero no contestó.
