5:34 p.m. - PANAMÁ (ACAN-EFE). -La ciudadana chilena María Leontina Millacura solicitó hoy al Estado argentino la devolución de su hijo, Iván Eladio Torres, víctima hace ocho años de desaparición forzada por parte de policías de ese país, en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrada en Panamá.
"La única razón por la que estoy en Panamá es para que los señores jueces le digan al Estado argentino que me devuelva a mi hijo como se lo llevaron, con vida (y) gozando de buena salud", señaló Millacura durante el tercer y último día de audiencias públicas que celebra la CorteIDH en este país centroamericano.
La mujer explicó que Iván Eladio salió de su casa, en la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia, la tarde del 2 de enero de 2003 para participar en un partido de fútbol, pero nunca regresó.
María Leontina dijo ante los jueces que está segura de que su hijo vive y se encuentra en manos de las autoridades policiales de la provincia del Chubut.
Precisó que Iván Eladio, que nació en Chile y tenía 25 años cuando desapareció, siempre tuvo rencillas con la policía de Comodoro Rivadavia por oponerse al maltrato continuo que supuestamente los agentes dispensaban a los "chiquitos (niños) de la calle".
De hecho, narró la mujer, una semana antes de su desaparición el joven fue detenido, golpeado y casi desnudado antes de aplicarle el "juego del gatillo", una práctica en la que los policías hacÍan correr a las personas capturadas antes de dispararles.
María Leontina explicó que en su incansable lucha por recuperar a su hijo visitó a gobernadores, jueces y fiscales, pero fue "maltratada", e incluso recibió en 2008 amenazas de muerte de la policía de la provincia del Chubut, donde fijó su residencia hace 28 años tras llegar junto a su esposo y sus hijos de Chile.
"Me amenazaban, me pateaban, y en una ocasión me pusieron la pistola en la cabeza, me querían romper para que no jodas más", manifestó la mujer.
María Leontina también pidió a los jueces no cerrar el caso porque el Estado argentino no cumple con las medidas provisionales solicitadas por la propia CorteIDH en 2006 para salvaguardar las vidas de los familiares de la víctima.