Los desafíos de la justicia transicional, según el exasesor de John Kerry para el diálogo con las FARC

La justicia transicional, que es uno de los pilares del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es además uno de los más polémicos y atacados por los sectores que rechazan el acuerdo por el tema de la proporcionalidad entre la pena y los delitos cometidos durante poco más de 50 años de conflicto.

Michael Camilleri, quien en su momento fungió como asesor del secretario de Estado, John Kerry, y el enviado especial de Estados Unidos para estos temas en el diálogo de paz, Bernard Aronson, apoya lo aprobado en el acuerdo pactado en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y los hoy ex líderes guerrilleros. Considera apropiado el diseño del sistema de justicia transicional, aunque tiene cierta preocupación por lo que será su implementación.

Camilleri, quien trabajó para el Departamento de Estado y la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, reconoce que hay preguntas que quedaron sin responder en el documento, entre ellas, qué quiere decir restricción efectiva de libertad, qué quiere decir que las personas tienen que contar la plena verdad para acceder a beneficios como la pena reducida y qué tan rigurosos van a ser los jueces al momento de asegurar que las condiciones que aplican para poder acceder a esos beneficios sean efectivamente impuestas, hasta el punto que una persona que esconde información, que esconde bienes o que evita decir quiénes dieron las órdenes de ciertos crímenes, por ejemplo, los falsos positivos, van a ser inmediatamente excluidas del proceso de justicia transicional y enviadas a la justicia ordinaria.

“Eso es algo que pasó muy poco y pasó muy tarde en el proceso de justicia de paz de los paramilitares y fue una de las grandes debilidades de ese proceso, porque no genera el incentivo a realmente cooperar y colaborar plenamente con el sistema de justicia transicional”, opinó.

Este abogado que ha hecho carrera en diplomacia y derechos humanos reconoce que la redacción del acuerdo es un poco ambigua cuando se refiere a la “plena verdad”. No obstante, relata que hubo discusiones sobre la necesidad de definir mejor ese concepto y, por ello, sobre este capítulo hubo dos versiones –la primera de octubre de 2015 y la segunda de diciembre de ese mismo año-. La segunda aportó una mejor definición, indicó.

“Pero pudo haber sido mejor, pudo haber definido claramente que eso implica no solamente contar, por ejemplo, los crímenes de uno sino [también] los crímenes de los superiores y de los compañeros, y dónde está el material (…) todo ese tipo de detalles deberían lógicamente ser parte de contar la plena verdad pero eso no queda explícitamente dicho en el acuerdo y por eso se necesitan buenos jueces que obliguen a quienes pasen por el sistema a realmente cumplir esa obligación”, agregó.

Camilleri expresó que una de las cuestiones importantes que está pendiente de definir es el mecanismo para, eventualmente, quitar los beneficios o excluir del sistema a aquellos que no cuenten toda la verdad, en caso de que salga información que se quería saber y que no contaron o que abiertamente se logra probar que lo que han dicho es falso. “Eso es algo que la propia Jurisdicción Especial para la Paz tendrá que diseñar y yo diría que son de las cuestiones más importantes pendientes para que este sistema de justicia transicional sea realmente creíble”, aseguró.

De hecho, considera que el desempeño que tenga la justicia transicional va a ser muy importante, no solo para el futuro de Colombia sino para otros países. “Hay cosas que se pueden criticar, como la responsabilidad [de la cadena de] mando, que quedó mal en el acuerdo final, pero al menos se hizo un esfuerzo para hacer una negociación consistente con las normas internacionales de hoy”, y no con las amnistías del pasado, alegó.

En cuanto a los desafíos de la implementación, Camilleri –quien participó en el desarrollo del plan estadounidense Paz Colombia, anunciado por Obama en febrero de 2016- afirmó que los principales están por venir y tomará muchos años superarlos.

Incorporar a los integrantes de las FARC a la vida civil en un país en el que hay muchas oportunidades de enriquecimiento ilícito; proteger tanto a los excombatientes de las FARC como a los líderes sociales involucrados en la paz; y que el acuerdo firmado implica el diseño y la implementación de docenas de nuevos programas e instituciones, sobre todo en las zonas en que el Estado tiene menos presencia, lo que será un gran reto a nivel institucional y costará mucho dinero.

El último reto y quizás el más grande, señaló Camilleri, es que los líderes del país se renovarán en momentos en que el acuerdo está “menos que medio implementado”. “El proceso sigue siendo un tema de división y polarización política, y con una elección presidencial el año que viene, no se sabe si va a llegar a la Presidencia alguien que apoya o que estuvo en contra del proceso con las FARC”, comentó.

(Si quiere conocer la historia de todo el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia puede ver aquí un documental).